En México operan al menos 400 bandas de «polleros» o «coyotes» que trafican con migrantes desde el sur del país hacia Estados Unidos, casi todos ellos en la impunidad y con vínculos con autoridades que les permiten operar, por lo que es necesario incrementar las sanciones penales a quienes realicen esta actividad, pero «blindar» a las organizaciones humanitarias para que no sean criminalizadas por su labor.
Aseveró el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, quien presentó una propuesta para reformar la Ley General de Migración e imponer una pena de ocho a 16 años de prisión y una multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, para quien trafique con personas en el territorio nacional.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria señala que se aplicará dicha sanción a quien a quienes: «con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro».
Asimismo, la pena alcanza a quienes introduzcan, «sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;» y para quien «albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria».
Se subraya que la iniciativa no incluye sanciones para las personas de reconocida solvencia moral, que por razones humanitarias y sin beneficio alguno ayuden a quienes que se internen al país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.
El proyecto de iniciativa reforma el artículo 159 de la Ley de Migración, para dotar de mayores posibilidades a la autoridad investigadora de delitos de castigar a los delincuentes, traficantes de personas o «polleros».
El senador consideró que, aunque se ha avanzado en la lucha de este delito, «la realidad es que la ley, en muchas ocasiones, resulta demasiado estricta con la autoridad y muy laxa respecto de los presuntos delincuentes».
Destacó que sólo en 2003, se calculaba la existencia de 120 organizaciones de polleros, ello sin contar las que pasan inadvertidas gracias a su hábil organización o por su combinación con las autoridades mismas.
Sin embargo, «según un informe de las autoridades estadounidenses, en la frontera con México se revela la presencia de al menos 400 organizaciones de traficantes de personas».
El senador apuntó que actualmente es evidente que «ser pollero no conlleva ningún castigo» y que estas redes de traficantes se dan a conocer a través de redes sociales, sin aparentar en el nombre de sus páginas y ofreciendo abiertamente sus servicios. Sun
