Juan Omar Fierro
La estrategia fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego para deducir presuntas pérdidas fiscales mediante litigios contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) sufrió un tropiezo esta semana con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligará a Grupo Elektra al pago de un crédito fiscal por 2 mil 636 millones 428 mil Pesos por concepto de omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal de 2007.
El apoyo de abogados que trabajaron en la SCJN, como Guadalupe Margarita Ortiz Blanco, hija del ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia y exsecretaria de Estudio y Cuenta del máximo tribunal hasta 2020, y Alejandro Cruz Ramírez, quien estuvo bajo el mando de la ministra en retiro y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no lograron cambiar el sentido de la sentencia que confirmó la negativa de amparo para Grupo Elektra.
El fallo emitido el pasado miércoles 19 por la Segunda Sala de la Corte confirma dos fallos previos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, instancias judiciales que reconocieron la legalidad del adeudo fiscal que el SAT pretende cobrarle a la empresa de Grupo Salinas.
La derrota jurídica para el consorcio de Salinas Pliego abre las puertas a otros reveses judiciales, ya que las impugnaciones del magnate mexicano presentan coincidencias en el fondo del asunto: la desaparición del régimen de consolidación fiscal y la supuesta violación a los principios de seguridad y certeza jurídica del artículo 71, párrafo noveno, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que estaba vigente en 2007.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, ha señalado en entrevistas periodísticas que los litigios que mantiene Grupo Salinas contra las autoridades hacendarias representan la posibilidad de cobrar hasta 40 mil millones de Pesos a las empresas de Salinas Pliego.
Proceso ha documentado que empresas de Grupo Salinas como Elektra, Terra Networks y Azteca Holdings adeudan al SAT 34 mil millones de Pesos en créditos fiscales que están en litigio, algunos de ellos con sentencias de primera instancia dictadas por el TFJA; otros se analizan en tribunales colegiados y los menos ya se encuentran en la antesala de ser revisados por la SCJN.
Para Salinas Pliego, el peligro de este fallo -el cual, asegura, combatirá en instancias internacionales-, es el precedente que sienta para el resto de los litigios, por lo que intentó ganar tiempo recurriendo a todo tipo de recursos legales, además de recurrir al cabildeo de dos exfuncionarios del máximo tribunal que ahora se desempeñan como litigantes privados.
Fuentes judiciales consultadas por Proceso señalan que al menos dos exsecretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, Guadalupe Margarita Ortiz Blanco y Alejandro Cruz Ramírez, formaron parte del equipo de abogados al servicio del dueño de Televisión Azteca.
Una vez que el ministro Mayagoitia pasó a situación de retiró en 2012, Ortiz Blanco regresó a la Suprema Corte y entró a la ponencia de la entonces ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y tras el retiro de la misma, quedó adscrita a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En 2020 salió del Poder Judicial Federal para fundar el despacho Cossío, Migoni, Ortiz y comenzar a litigar para su antiguo jefe, Ricardo Salinas Pliego.
Otro abogado con experiencia en la Suprema Corte que intentó ayudar a Grupo Salinas fue Alejandro Cruz Ramírez, exsecretario de Estudio y Cuenta de la entonces ministra y actual senadora de Morena Olga Sánchez Cordero.
Tanto a Ortiz Blanco como Cruz Ramírez, su paso por la Suprema Corte no les sirvió de mucho para cabildear a favor de Salinas Pliego.
Aun cuando la historia del adeudo fiscal de Elektra comenzó en 2007, con la fusión de varias empresas del grupo, fue hasta el 25 de julio de 2013 que el SAT invalidó las pérdidas fiscales que el corporativo había intentado acreditar y le impuso un crédito fiscal por 2 mil 636 millones de pesos debido a omisiones y deducciones indebidas en el pago del ISR.
El mismo día del fallo, Salinas Pliego anunció que impugnará ante instancias internacionales. Los Ministros de la Segunda Sala de la SCJN “se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa”, consignado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó. Apro
