Sara Pantoja
La empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) ofrece entre 4.5 y 6 millones de pesos por reparación integral del daño, a la familia de las 26 personas fallecidas y a las decenas de víctimas con lesiones graves ocasionadas por el colapso de una trabe metálica de la Línea 12 del Metro hace casi nueve meses, a cambio de no demandar, por ninguna vía y en ningún momento, a la compañía propiedad del magnate Carlos Slim Helú.
En siete cláusulas, el Acuerdo Reparatorio que ofrece la constructora del tramo elevado de la “Línea Dorada” a las víctimas, cuya copia tiene Proceso, protege minuciosamente a la primera, así como a cualquiera de sus afiliadas, accionistas, consejeros, apoderados y empleados, de ser denunciados por las vías penal, civil o administrativa; y obliga las segundas a renunciar a cualquier reclamación “presente o futura” relacionada con la tragedia.
El “procedimiento de justicia alternativa”, como lo justifica el Acuerdo, arropa a la empresa para no tener consecuencias legales, aún cuando asegura que sus dictámenes periciales no coinciden con los de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual determinó que el colapso se debió a “fallas en la construcción”. Ello significa que la compañía de Slim Helú insiste en que no es responsable del hecho, pero dice que ayudará a las víctimas a reparar el daño.
El cuarto punto de los “Antecedentes” así lo asegura: “Como parte de la mediación que conduce la FGJCDMX, las partes conocen las conclusiones e información técnica contenida en los dictámenes periciales de la FGJCDMX, los cuales, no son coincidentes con los dictámenes periciales de CICSA”.
No obstante, justifica: “Sin prejuicio de lo anterior, CICSA tiene la firme voluntad de coadyuvar con el esfuerzo que ha venido implementando la FGJCDMX y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) para remediar en forma integral y complementaria el daño sufrido por las víctimas con motivo del suceso”.
Así, con esas puntualizaciones, el Acuerdo Reparatorio está “asesorado” y firmado por Armando Ocampo Zambrano, titular de la CEAVI, un facilitador o mediador de la FGJ local, el representante legal de CICSA y la víctima que desee hacerlo.
El Cheque.
De acuerdo con testimonios recabados por Proceso entre las personas que conocen el Acuerdo Reparatorio, éste ha sido presentado a las víctimas en las instalaciones de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), ubicadas en la calle Luis Moya, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, o cerca de las instalaciones de la Fiscalía de Tláhuac, en la demarcación del mismo nombre, donde la noche del lunes 3 de Mayo del 2021 se inició la carpeta de investigación CI-FITLH/UAT-TLH-1/UI-1S/D/00631/05-2021, en el cual la FGJCDMX investiga, “en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, a diversas personas físicas y morales”.
Durante los encuentros, los representantes legales de CICSA le presentan a la víctima un cheque del Banco Inbursa, también propiedad de Carlos Slim, con determinada cantidad de dinero, sugerida con base en las determinaciones de la CEAVI.
Se sabe a que a la familia de las personas fallecidas les ofrecen hasta 6 millones de Pesos, mientras que a las víctimas que sufrieron lesiones graves, les brindan 4.5 millones de Pesos. De ahí en adelante son diferentes las cantidades ofrecidas, con base en el tipo de lesiones que sufrieron las víctimas, pero van de 2.5 millones, 2 millones, 1.2 millones, así como 600 mil y hasta 400 mil Pesos que pagaría la empresa propiedad del hombre más acaudalado del país.
Esas cantidades son independientes de las que, desde un principio, ofreció el Gobierno de Claudia Sheinbaum como ayuda de hospedaje, transporte, comida, hospedaje, renta; así como del seguro que el Metro está obligado a cubrir con sus usuarios a cambio de los cinco Pesos que paga de tarifa.
En su momento, las autoridades hablaron de que las familias que perdieron a un integrante esa noche llegaron a recibir 1.9 millones de Pesos por esos conceptos.
El 20 de enero, un día después de las declaraciones de la fiscal Godoy sobre el avance en los acuerdos, los despachos privados que representan a algunas víctimas, acusaron que la CEAVI las ha presionado con “ultimátum” y “reuniones secretas” para que acepten el Acuerdo.
Cuestionada al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que exista presión alguna de la Comisión y dijo que “la próxima semana” se informaría del asunto. Sin embargo, eso no ha ocurrido.
“Voluntario” y sin Responsabilidad.
De cinco hojas con el membrete de la FGJCDMX, su Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos y su Unidad de Mediación Especializada, el Acuerdo Reparatorio menciona como antecedente que el colapso de aquella noche de terror ocurrió en la trabe ubicada en el claro 106 al 107, localizada entre las estaciones Los Olivos y San Lorenzo Tezonco.
El propósito del acuerdo, agrega, es “el resarcimiento en su favor de todos y de cada uno de los daños y/o prejuicios tanto materiales como inmateriales, director e indirectos, e independientemente de su naturaleza jurídica sufridos por la víctima con motivo del suceso”.
No obstante, subraya que “su participación en el presente Acuerdo Reparatorio no implica, ni debe interpretarse, considerarse o tenerse, como reconocimiento de responsabilidad alguna, sino ante la existencia de un daño contribuir a la reparación integral del mismo, por lo que, como lo ordena dicho precepto legal, la información que se genere y sea producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en forma alguna en perjuicio de las partes”, es decir, de la empresa. Apro
