Profesora-Investigadora del CIDE
El juicio llevado en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna ha revelado la corrupción del exsecretario de Seguridad Pública de México y exdirector de la AFI, pero también la colusión del gobierno mexicano con la delincuencia organizada. García Luna ha sido señalado de facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos y de dar información de inteligencia a un grupo de delincuencia organizada, amedrentar testigos a cambio de sobornos millonarios, entre otras cosas.
Todas las acusaciones en su contra tendrán que ser probadas en el juicio, antes de ser condenado, pero el proceso, por sí mismo, pone al descubierto al Estado mexicano, pone en evidencia el perverso fracaso de la prohibición de las drogas y la continuidad existente entre los gobiernos de ayer y hoy.
Los testimonios hasta ahora presentados dibujan todo un aparato de Estado dedicado a la actividad criminal. El secretario de Seguridad Pública, sus colaboradores, policías de diversos niveles y militares han sido señalados en el juicio de colaborar y recibir sobornos de un cartel u otro. No se trata de unos cuántos individuos -o «manzanas podridas»- sino de un sistema, una forma de hacer las cosas, un aparato de seguridad que posibilita que esto suceda y que se nutre de la corrupción y de la guerra.
García Luna era una pieza clave en ese sistema de corrupción y colusión entre autoridades y delincuencia organizada, pero no actuaba solo. A lo largo de las próximas semanas, iremos conociendo la dimensión de estas estructuras y su alcance.
El caso también ha puesto en evidencia el fracaso de la prohibición de las drogas, que ha posibilitado el crecimiento y fortalecimiento de la delincuencia organizada, incentivado la corrupción y dinamitado el estado de derecho en México. Cientos de estudios, reportes, mesas de debate y seminarios han señalado la inutilidad de la prohibición para proteger la salud y la destrucción que representa para la capacidad de gobernanza, la salud pública y los derechos humanos en nuestro país. El poder de los cárteles mexicanos no se explica sin su control del mercado ilícito de drogas, aunque se diversifiquen y mimeticen con el Estado.
Desde la guerra que lanzó Felipe Calderón, el consumo de sustancias ilícitas y la violencia han crecido y la calidad de vida y las condiciones que permiten la paz, se han deteriorado. En nombre de esa política, hemos militarizado al país, destazado la Constitución y normalizado la muerte. Los testimonios del juicio no hacen más que evidenciar, otra vez, a la prohibición como una política fallida y como un negocio en el que policías, soldados y políticos se enriquecen a costa de las vidas de los mexicanos.
López Obrador pretende usar el caso para señalar la corrupción de antaño. Pero el caso contra García Luna exhibe el incumplimiento de su promesa de cambiar la política de drogas y pone en evidencia la continuidad de su gobierno con los anteriores. Este gobierno ha militarizado más, garantizado impunidad para militares, continuado con la prohibición y la estigmatización de usuarios. Hoy AMLO habla del fin de la impunidad, pero fue su gobierno el que impidió el juicio del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué hubiéramos conocido sobre las redes de corrupción y su alcance dentro del Estado mexicano si se hubiera llevado a cabo ese proceso? La justicia selectiva no es justicia, es más de lo mismo. Sun
