Manuel Espino y María Cabadas
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión provisional que impedía a la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuar la impresión y distribución de los libros de texto de educación básica, porque no se consultó a los maestros y padres de familia como lo establece la Ley General de Educación.
Por unanimidad, los magistrados Francisco García Sandoval, Abel Méndez Corona y Ricardo Olvera García declararon fundada la queja de la SEP contra la medida cautelar que la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, otorgó la semana pasada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y que mantenía parado el proceso de impresión a cargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
En sesión de tres minutos y sin debate de posturas, los magistrados consideraron fundada la queja de la SEP, dependencia encabezada por Leticia Ramírez Amaya, quien, durante la inauguración de la Cumbre de Educación Superior y la Industria de Alta Tecnología, en el Palacio de Minería, aseguró que el reto «es potenciar el desarrollo de estudiantes con responsabilidad social y capacidades críticas, comprometidos con la igualdad e inclusión».
La jueza Medina Alcántara resolverá si concede la suspensión definitiva a la UNPF, que ya revisa el fallo del Tribunal Colegiado para combatirlo jurídicamente.
Por otro lado, más de 30 organizaciones en defensa de la educación de niños y adolescentes, entre ellas la UNPF, advirtieron que no cesarán en sus esfuerzos para frenar la impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, ya que no hubo un proceso de consulta para los nuevos programas de estudio por parte de las autoridades educativas.
Acusaron que la SEP elaboró los textos al margen de la ley y a espaldas de la ciudadanía, con contenidos que consideran que pueden ser sumamente dañinos para los niños mexicanos. Sun