Juan Francisco Bustamante
En México el acceso al agua es un Derecho Constitucional asentado en el Artículo 4, donde se establece que «toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». Sin embargo, la realidad es que alrededor de 54 millones de mexicanos carecen de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de manera continua.
Prácticamente todas las fuentes superficiales de agua en México (ríos, lagos, presas, etc.) tienen algún tipo de contaminación, y el saneamiento no es una práctica constante. En el subsuelo pasa algo similar, una gran parte de los pozos de agua contiene algún tipo de material contaminante, como metales pesados.
Al final, más del 60% del agua que llega hasta los grifos en México tiene algún tipo de contaminación, de acuerdo con datos de Conagua.
Como consecuencia, cada vez menos personas se atreven a beber agua del grifo, lo que ha generado la proliferación del consumo de agua envasada. Un estudio del BID determinó que más del 80% de los mexicanos consumimos agua embotellada. Aunque esta opción parece ser una solución, ha surgido un problema de salud pública debido a la proliferación de negocios de rellenado de agua con prácticas insalubres y que operan en la clandestinidad.
De acuerdo con Inegi existen más de 24,000 rellenadoras a nivel nacional. Sin embargo, este número podría ser mucho mayor, ya que una gran cantidad opera de manera irregular. Por ejemplo, muchos de estos giros están instalados en garajes, patios o bodegas; obtienen el agua del grifo (a veces sin pagarla) y la venden después de pasarla por filtros que reciben poco mantenimiento o a través de procesos alejados de las buenas prácticas.
Para establecer formalmente una rellenadora de agua se requiere: ser instalada en un inmueble con uso de suelo comercial; tramitar permisos sanitarios; registrarse ante el SAT; tener el aviso de inicio de operaciones ante Cofepris y los subsecuentes estudios de calidad, y cumplir con los sellos de revisión de Protección Civil. Claramente pocos cumplen todos estos criterios.
También han surgido las llamadas «ventanas de autoservicio», que son máquinas despachadoras donde el consumidor es responsable de lavar sus garrafones. Estos expendios suelen ubicarse en calles muy transitadas y funcionan con monedas, lo cual representa un riesgo de contaminación. Además, la mayoría de las boquillas por donde sale el agua están llenas de hongos y sarro.
Las inspecciones por parte de las autoridades son escasas y, en muchas ocasiones, los verificadores hacen caso omiso después de algún tipo de arreglo «en lo oscurito». La Cofepris, encargada de inspeccionar estos lugares, está dividida en Comisiones Estatales que no tienen criterios ni protocolos homologados. Cada estado permite diferentes grados de acción de los tres niveles de gobierno, es decir, algunos consienten que los municipios realicen estas labores y otros las centralizan.
Mientras esto ocurre, 7 de cada 10 envases tienen algún tipo de bacteria, de acuerdo con diferentes estudios. No es de extrañarse que en México las enfermedades gastrointestinales sean el tercer padecimiento más común. Tan sólo en 2020 se reportaron 2.58 millones de casos en todo el país. Aunque es difícil determinar cuántos de estos eventos fueron ocasionados por beber agua contaminada, es de suponer que ésta fue una causa importante. Tenemos que exigir y buscar un agua de calidad, es por el bien de nosotros y nuestras familias. Sun
