Horacio Saavedra
(Especialista en Geopolítica y Miembro de Comexi)
Cada que se elige un Presidente en Estados Unidos nos acordamos de los mexicanos que pueden deportar, pero olvidamos sus pertenencias. Vuelve a nuestra realidad que no se reconocen las aportaciones económicas de más de 8 millones de trabajadores sin papeles, incluidos los de origen mexicano.
La buena noticia del debate migratorio en la Unión Americana es la defensa de los derechos humanos y la integración familiar. La mala es que los dos candidatos estadounidenses están a favor del muro fronterizo. La peor son las deportaciones y la afectación del patrimonio de los indocumentados. Ni Harris, ni Trump planean regularizar a la gran masa de migrantes, tampoco asegurar el fruto de su trabajo.
La crisis humanitaria de Centroamérica ha hecho que los medios y los gobiernos subestimen a los de nacionalidad mexicana. Según el centro PEW (PewResearch Center), México permanece como el principal país de origen de migrantes sin autorización en EU. De los millones de paisanos que emigraron a EU, varios escaparon de la violencia, mas un gran número aspiró a un futuro económico mejor.
No escuchamos a los candidatos presidenciales de EU decir qué pasará con el fruto del trabajo de los deportados, los extranjeros que sacarán por entrar «ilegalmente». ¿Sus ahorros yacerán en los bancos de EU? ¿Sus patrones enviarán su liquidación a México? ¿Quién se quedará con las casas, autos y bienes cuando los arrojen del país? ¿Se reconocerá lo que aportaron a la economía estadounidense?
Los deportados en teoría tendrían derecho a disponer de su dinero en EU, a menos que el gobierno los asocie con actividades delictivas. Si el indocumentado optara por una salida voluntaria, contaría con 120 días para recoger sus ahorros y valores, incluyendo inmuebles y autos. El problema de este escenario es que pocos de los indocumentados tienen cuenta de banco en México y les cuesta mucho abrir una en un banco mexicano cuando están en el proceso de ser expulsados. Si la deportación es «exprés» el paisano no puede planear su salida, menos organizar sus posesiones.
Para un indocumentado mexicano es más fácil abrir una cuenta de banco en la Unión Americana que en México. Cuando el deportado regresa no posee teléfono celular, INE y comprobante domiciliario, lo que los bancos mexicanos le exigen. Muchos migrantes y sus familias consideran que tener una cuenta de banco mexicana es un privilegio, más que un derecho. Y es frecuente que sus ahorros se pierdan por no estar bancarizados.
No se debe tomar a la ligera ese ahorro de los indocumentados, representa millones de dólares y el patrimonio de miles de familias mexicanas. La deportación afecta a los hijos de migrantes, más allá del plano psicológico, sus madres dejan de recibir remesas y sus padres regresan sin fortuna. En ocasiones, ni uno ni otro cuenta con cuenta bancaria. Son parte de «los olvidados de los bancos», 33 millones de personas en México sin ningún producto financiero.
La elección presidencial de EU nos brinda la oportunidad de reconocer la aportación de los migrantes a la economía estadounidense y las remesas que envían a México. Resalta el capital que pueden perder las familias si son deportados, además de la tragedia humana. Sun
