Santiago Nieto Castillo*
El 31 de diciembre 1994 se reformó la Constitución mexicana, una reforma que tardó exactamente 25 días en consumarse, desde la presentación de la iniciativa hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entre las innovaciones de esa reforma, fue crear el Consejo de la Judicatura Federal, al estilo del Consejo General del Poder Judicial Español.
El sistema de designación de las y los integrantes del Consejo de la Judicatura provenientes del Poder Judicial era por insaculación, y sería un modelo que se reformaría en 1999.
Después de ese momento, la designación de los miembros judiciales del Consejo estaría a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sus decisiones serían impugnables ante la propia Suprema Corte. A partir de este momento, el Consejo de la Judicatura disminuiría su nivel de trascendencia real en cuanto al control y disciplina de los Jueces.
El actual diseño, en mi opinión, presenta los siguientes errores: primero, una Presidencia del Consejo y Presidencia de la Corte en la misma persona hace que se convierta en Juez y parte.
Segundo, la integración mayoritaria del Poder Judicial de la Federación genera visiones endogámicas y de protección de los propios funcionarios y funcionarias judiciales.
Tercero, el mecanismo de designación de las y los Magistrados de la Judicatura por el Pleno de la Corte lo que hace es fortalecer a las élites al interior del Poder Judicial, la forma de designación a mi juicio debió ser a partir de la elección de los propios Jueces y Magistrados(as).
Cuarto, el Consejo de la Judicatura no tuvo en ningún momento, competencia para poder dar seguimiento a quejas y denuncias vinculadas con los Magistrados y Magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quinto, el hecho de que las decisiones del Consejo sean recurridas a la Corte, en los hechos ha significado la protección de las y los funcionarios judiciales.
Sexto, los datos estadísticos parten de que 94% de las sanciones a las y los funcionarios judiciales han sido de carácter administrativo. Mucho gasto para una institución que se dedica a amonestar.
Séptimo, sobre el argumento de que se trata de «criterio judicial», los Consejeros y Consejeras de la Judicatura han avalado decisiones sumamente vergonzosas que han generado un halo de impunidad. Es claro en los desechamientos de las quejas en contra de jueces y juezas que ampararon en 16 ocasiones a personajes como Francisco García Cabeza de Vaca y sus allegados; o la protección a las personas juzgadores en la concesión de amparos a Caro Quintero; la Kena, líder del cartel del Golfo; al hijo del Marro, recientemente liberado por juzgadores federales en Querétaro; recientemente, el exgobernador Mario Marín o el descongelamiento de las cuentas de KamelNacif.
Sin duda, México merece un mejor sistema de justicia; por supuesto, la problemática de la justicia en el país no concluye con la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, la Sala Superior o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es fundamental atender rubros de deuda histórica, como las Comisiones de búsqueda, mejorar las condiciones de atención a víctimas, perfeccionar los procedimientos, particularmente en el ámbito de la Fiscalías, a nivel federal y local, y evidentemente, sensibilizar que en este momento coyuntural en el que vive México, es importante no mandar mensajes impunidad como los que hemos visto recientemente, provenientes del Poder Judicial de la Federación liberando a personajes de la delincuencia organizada. Sun
*Abogado
