Darío Ibarra
(Docente de la Maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM)
El viernes pasado se aprobó en el Senado de la República el paquete de legislación energética que regirá a la industria durante los años venideros. En 2013 se sentaron las bases que modificaron dramáticamente la estructura de Pemex, CFE y los órganos reguladores. Dicha legislación fue probablemente el último producto del pensamiento neoliberal, que sostiene que el mercado es la mejor estructura para asignar recursos y resolver los problemas económicos de cualquier sociedad.
En dicho contexto la legislación, que pronto será reemplazada por la nueva, otorgaba un papel privilegiado al sector privado en detrimento de las empresas públicas. La normatividad que pasará a revisión en la Cámara de Diputados es una fusión de lo viejo y lo nuevo, permitiendo que existan simultáneamente el sector público y el sector privado, pero a la vez, salvaguardando a millones de consumidores.
La todavía vigente Ley de la Industria Eléctrica contempla la posibilidad de que empresas privadas puedan prestar el servicio eléctrico al público en general. Sin embargo, a nivel nacional sólo una empresa lo hace: Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La razón es simple: por tratarse de una industria con tarifas reguladas, el sector privado no encuentra suficientemente atractivo el mercado como para ofrecer el servicio con una tarifa dictada por el gobierno federal. Los costos podrían no recuperarse y, por lo tanto, no ser negocio. Al sector privado es lo que le importa: el lucro ¿Por qué participar en un mercado donde el precio, y por lo tanto las ganancias, están limitados?
La legislación aprobada por el Senado considera el servicio público de energía eléctrica como uno que no persigue el lucro. Un duro golpe para las empresas privadas, pero una razón de ser para las públicas. No sólo eso, se incorpora y se reconoce por primera vez en la Ley el concepto de «justicia energética». Gran problema y dilema filosófico el determinar este concepto.
Juristas, filósofos y economistas, entre otros pensadores, han debatido sobre el concepto de justicia sin llegar a nada claro. Como dicen los abogados, es una ficción. Es un ideal teórico inalcanzable. Pero el reconocimiento explícito en la Ley implica que hay un mínimo de consumo de energía por familia o por persona que puede evitar que muera de frío o calor y que tenga acceso al uso de bienes electrodomésticos que permitan no sólo comunicarse, sino conservar alimentos. La instrumentación es todo un reto, pero ya existe un mandato legal, que es un buen comienzo.
El tema ambiental y la transición energética hacia energías limpias también está explícito en el paquete legislativo. El medio ambiente no sólo no se olvidó, sino que desde el marco legal se considera la importancia de protegerlo y de transitar hacia una industria eléctrica que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Muchas empresas de talla internacional apuestan a ser carbono cero, es decir, no emitir dióxido de carbono al medio ambiente, en 2050 y las más audaces, en 2030. Esto implicará una fuerte inversión en centrales limpias y el cierre gradual las que son más contaminantes. El reto no es menor, pero definitivamente es el rumbo que debemos seguir no solo como industria, sino como país y como humanidad.
Ahora la propuesta legislativa está en cancha de la Cámara de Diputados. De aprobarse sin grandes cambios, pronto tendremos un marco legal que permitirá la participación del sector público, el privado, considerando a la energía como un recurso importante para la población y donde se apueste a la transición energética.
Como en cada cambio legal de esta magnitud, pasarán varios años antes de ver los resultados de esta nueva legislación, pero el futuro es prometedor. Sun
