Ytzel Maya
Ante la emergencia que implica la política arancelaria de Donald Trump en contra de México, la presidenta Claudia Sheinbaum logró llegar a un acuerdo para pausar la imposición del 25% de aranceles. Este es, sin duda, un mérito invaluable para la relación binacional y sostiene el estandarte que abanderará la política internacional de la presidenta: la defensa de la soberanía nacional y el fortalecimiento del liderazgo de México en la región.
En un contexto global de incertidumbre económica y realineamientos estratégicos e ideológicos, esta posición no solo busca proteger los intereses nacionales, sino también consolidar a México como un referente de estabilidad, negociación y autonomía dentro del concierto de las izquierdas latinoamericanas.
Al asumir un papel activo en la configuración de un orden regional, la administración de Sheinbaum, me parece, podría proyectarse como un actor clave en la defensa de los principios de cooperación, integración y autodeterminación en América Latina.
El acuerdo al que llegaron ambos mandatarios; sin embargo, pone en jaque las políticas públicas de seguridad para México y Estados Unidos. La Presidenta se comprometió a reforzar la frontera norte con Estados Unidos con 10 mil miembros de la Guardia Nacional, que se encargarán de «evitar el tráfico de drogas», en particular de fentanilo.
Esta negociación marca un precedente importante en la relación bilateral: por primera vez el Gobierno de Estados Unidos reconoce explícitamente su corresponsabilidad en la violencia que afecta a México, comprometiéndose a frenar el flujo de armas de alto poder hacia nuestro país. Si bien la eficacia de este compromiso aún está por verse, representa un giro significativo en la dinámica histórica en la que la seguridad transfronteriza.
La administración de Sheinbaum, al aceptar la presión estadounidense para contener el tráfico de drogas, también ha logrado que Estados Unidos asuma parte del costo político y operativo de la crisis de seguridad. Estas, definitivamente, no son palabras menores.
Sin embargo, partamos de analizar al elefante en la habitación: no es que la movilización de los elementos de la Guardia Nacional vaya a «militarizar» la frontera norte de nuestro país; la militarización como política de seguridad es una estrategia que ha prevalecido desde 2006 hasta la fecha. Esta es una verdad irrenunciable.
En este contexto, el reforzamiento de la militarización de la frontera norte no solo debe entenderse como una medida de seguridad interna, sino como un mecanismo funcional a la política económica internacional de México.
Insisto: el despliegue de la Guardia Nacional en funciones de contención migratoria no solo responde a una lógica securitaria, sino que se inscribe en un marco más amplio de alineamiento estratégico con los intereses económicos de la relación bilateral México-Estados Unidos.
Si bien el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera puede leerse como un mecanismo subordinado a las presiones arancelarias de Estados Unidos, la firmeza del gobierno mexicano en la negociación bilateral no debería desestimarse. La capacidad de resistir y negociar en condiciones de asimetría estructural con un actor hegemónico fortalece los horizontes estratégicos de los gobiernos de izquierda en América Latina, al evidenciar que la defensa de la soberanía puede articularse con la pragmática de la diplomacia económica.
Y si bien considero que la militarización de la seguridad ha demostrado ser una estrategia ineficaz y profundamente problemática, no puedo soslayar la relevancia del momento político y del acuerdo alcanzado por la Presidenta.
En este sentido, la administración de Sheinbaum se inscribe en un lugar que, sin renunciar a la gobernanza global, reivindica la autodeterminación de los Estados latinoamericanos frente a las injerencias externas. Sun
