Max Aub
Donald Trump no regresó a gobernar; ha vuelto a tomar el poder, a reconquistarlo. «Ha llegado para vengarse de quienes, en su primer mandato, osaron decirle no; y quienes durante su segunda campaña no creyeron en él», describe la politóloga Jane Williams a EL UNIVERSAL.
Analistas coinciden que los discursos de Trump ya no tienen lugar para el pluralismo. Sus palabras no están diseñadas para tender puentes. «Tenemos el mandato del pueblo para hacer lo que debimos haber hecho desde el principio», repite el mandatario. «Y con ‘hacer lo que debimos haber hecho’, no habla de gobernar; habla de arrasar», dice Williams.
«Los expertos en derecho dicen que los ataques amenazantes del presidente (…) tienen como objetivo silenciar a los críticos de su agenda radical y socavar el Estado de derecho de formas autoritarias que amplían sus propios poderes», escribe Peter Stone en TheGuardian.
Las órdenes ejecutivas se han acumulado con precisión quirúrgica. Desde el primer día, lanzó un paquete de órdenes con una velocidad que ni los funcionarios federales ni los Jueces alcanzan a procesar. En apenas semanas, anuló el Programa de Admisión de Refugiados, firmó la eliminación del Departamento de Educación, intentó revocar, por decreto, la ciudadanía por nacimiento de hijos de inmigrantes; activó una ley del siglo XVIII para deportar a extranjeros sin derecho a audiencia; bloqueó los fondos federales destinados a programas de diversidad, equidad e inclusión; prohíbió el servicio militar a personas transgénero, y canceló todos los contratos federales de asistencia legal a menores migrantes no acompañados.
No hay pausa. Cada decreto es una demolición. Cada anuncio, una provocación institucional.
Frente a esta embestida, el único que no se alinea es el Poder Judicial estadounidense. En respuesta, la administración Trump le declaró la guerra e instó a las agencias federales a no acatar fallos «emanados de jueces activistas». Williams subraya que «no se trata de política, se trata de poder».
El epicentro de este temblor jurídico es la Corte Suprema. El Tribunal no ha hablado aún, pero los casos han llegado: la ciudadanía por nacimiento, las deportaciones sin audiencia, la exclusión de personas trans, la eliminación de un departamento federal por decreto, la negación del debido proceso, el sabotaje legal a organizaciones de defensa. La Corte Suprema tiene sobre la mesa la totalidad del conflicto entre poder y legalidad.
Incluso el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, ha encarado a Trump ante las amenazas de destitución contra un Juez que bloqueó la ley con la que el mandatario pretende deportar a migrantes sin el debido proceso.
El problema no es ideológico, es histórico. Si fallan en contra del Presidente y él desacata, el sistema se fractura. Si fallan a su favor, sin sustento legal, la Corte abdica su rol como freno. Y si no fallan, si no intervienen, si eluden, entonces abandonan el espíritu supremo de la ley en Estados Unidos.
«Debemos comprender que, en este momento, la tensión dentro del Tribunal no es ideológica, es histórica», señala Williams; «los magistrados conservadores se enfrentan a un dilema existencial, ¿se debe lealtad al Presidente que los nombró o a la ley que deben custodiar?».
El Tribunal se encuentra atrapado entre dos fuegos: el de un poder que exige obediencia y el de una República que exige freno. En su silencio pesa la historia. La presión se intensifica. Columnistas afines al mandatario estadounidense piden que se depure el Tribunal.
La jueza Sonia Sotomayor respondió sin ambigüedades. «No debemos permitir que el tribunal más alto del país se convierta en instrumento del poder más alto del Ejecutivo», dijo. Roberts rompió su silencio institucional y aseguró que «el impeachment no es la respuesta a una sentencia; el respeto al Poder Judicial es parte del contrato constitucional [de Estados Unidos]».
Fuera del Tribunal, las Agencias ya se comportan como si las Cortes no existieran. El Departamento de Educación vacía oficinas. El Departamento de Seguridad Nacional realiza deportaciones sin audiencia, desobedeciendo el bloqueo de los Jueces. Los menores migrantes pierden acceso a abogados. Las universidades suspenden programas para evitar sanciones. Los Estados que resisten (California, Illinois y Vermont) son amenazados con recortes. EU se mueve en una lógica nueva, una donde la ley existe, pero no se cumple. Donde las instituciones aún hablan, pero ya no se escuchan.
«Cuando el cumplimiento de la ley depende de la voluntad del Ejecutivo ya no se vive en una república constitucional. Se vive en un reinado del poder absoluto», sentencia Williams. La Corte Suprema tiene en sus manos la última decisión. No sobre un caso, sino sobre la legitimidad del sistema y cada día que calla, su silencio pesa.
Todo puede seguir pareciendo legal, aunque ya no lo sea. Y cuando eso ocurre, no hace falta un golpe, ni una enmienda, ni una guerra. Basta con que nadie diga nada. Basta con que los que pueden detenerlo, no lo hagan. «La historia no preguntará qué firmó Trump. Preguntará quién lo detuvo. O peor aún, quién no se atrevió», dice la politóloga.
