Hugo González
(Columnista y comentarista)
Vamos desde el principio. ¿Por qué se pagan impuestos? Teóricamente las personas y las empresas contribuyen para que el Estado tenga recursos suficientes y así pueda garantizar los bienes y servicios públicos que la ciudadanía necesita. Hasta ahí, todos de acuerdo. La bronca comienza cuando descubrimos que algunos impuestos parecen diseñados no solo para recaudar, sino también para castigar.
Desde 1980, México tiene el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este se cobra por la importación, producción o venta de productos y servicios considerados de «perjuicio social» o de lujo. La definición es flexible, por no decir caprichosa. Lo cierto es que el IEPS, al ser un impuesto indirecto, se traslada de inmediato al consumidor final. Dicho en cristiano: se suma al precio final y lo pagas tú, yo, todos.
Los IEPS más visibles caen sobre bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes, tabacos labrados, alimentos con alto contenido calórico, bebidas azucaradas, juegos de apuestas y telecomunicaciones. Básicamente, todo lo rico y lo divertido debe pagar penitencia fiscal. Así, el gobierno no solo regula, también cobra por el placer.
En mi área de especialidad, las telecomunicaciones, recuerdo como un buen dejá-vu el episodio de 2010. Con entusiasmo rechazamos 3% de IEPS a los servicios de voz, video y datos a través de redes públicas. Aunque quedó exento el internet, el golpe ya estaba dado. Se desincentivó el consumo y la inversión en el sector de telecomunicaciones. La conectividad creció, sí, pero con frenos que afectaron la competencia y la innovación. El usuario pagó la factura más alta. Y lo mismo puede repetirse con otras modificaciones al IEPS.
Ahora se propone también gravar los videojuegos violentos. La propuesta oficial es cobrar 8% de IEPS a la venta de títulos clasificados como violentos, extremos o para adultos. El argumento se apoya en la Organización Mundial de la Salud, que ya catalogó la adicción a los videojuegos como trastorno mental. Para darle forma, Hacienda recurre a los lineamientos de clasificación de 2020. Por eso, si compras un videojuego sangriento, tendrás que pagar más caro por la supuesta redención social.
Otro ajuste contempla pasar de 30% a 50% el impuesto sobre juegos con apuestas y sorteos. La medida apunta a quienes organizan apuestas en línea desde el extranjero, un mercado en el que, según Gobernación, seis de cada 10 operan sin permiso. En teoría, subir el IEPS sería una forma de poner orden. Parece lógico.
Las bebidas azucaradas también entran al quirófano fiscal. La cuota por litro, que en 2025 será de 1.6451 pesos, se elevaría a 3.0818 pesos para 2026. El objetivo es hacer menos accesibles los refrescos y disminuir la obesidad. Ojalá y fuera así de sencillo. Si no hay una política pública que estimule y facilite las actividades físicas, el deporte y el ejercicio, no habrá IEPS que alcance para frenar la obesidad.
El discurso oficial insiste en que estas modificaciones al IEPS no buscan prohibir el consumo, solo inhibirlo. Pero la experiencia con telecomunicaciones contradice esa narrativa. El efecto real es desincentivar inversión, encarecer servicios y terminar golpeando al consumidor.
Como sabiamente lo dijo mi amiga Leonor Flores (la mejor reportera de finanzas públicas) en la conferencia de prensa de la Secretaría de Hacienda, los IEPS son impuestos pigouvianos. Nacen con un fin extrafiscal, supuestamente para corregir conductas nocivas, pero la realidad muestra que son inelásticos. Dicho de otra forma, la gente sigue fumando, bebiendo, apostando o jugando videojuegos aunque suban los impuestos. Los hábitos no cambian porque la factura sea más cara.
Lejos de cualquier posición ideológica (dije lo mismo con el neoliberalismo), el cobro de IEPS es contradictorio. Si la intención genuina fuera cuidar la salud de los ciudadanos, la receta sería otra. Por ejemplo, subir los IEPS de manera drástica a la comida chatarra y a las bebidas alcohólicas. Pero ahí nadie se mete tan a fondo porque sería tocar intereses económicos de gran calibre.
El absurdo alcanza tintes folclóricos si llevamos la lógica hasta sus últimas consecuencias. Si todo lo que engorda debe pagar IEPS, habría que incluir a los atoles, las aguas frescas y las guajolotas. Con su denso aporte calórico, las garnachas de la esquina también merecerían un capítulo en la Ley del IEPS. ¿Un IEPS al pozole por exceso de maíz y cerdo?
El problema es que estos impuestos punitivos rara vez cumplen con su supuesto propósito. Las restricciones fiscales suelen tener un efecto colateral pues abren la puerta a mercados negros y grises. El cigarro es un buen ejemplo. Subir impuestos no eliminó el hábito de fumar, lo que hizo fue fomentar el contrabando y el comercio ilegal. Lo mismo podría suceder con los videojuegos o con las apuestas digitales.
Al final, el IEPS funciona como un impuesto moralizante ya que castiga lo que el gobierno etiqueta como nocivo o frívolo. La narrativa se viste de salud pública y de protección social, pero en la práctica el objetivo es recaudatorio. El Estado necesita dinero y lo obtiene de lo que más consume la gente. Paradójicamente, si de verdad funcionara el IEPS para inhibir, la recaudación caería en picada.
Así que el maldito IEPS es un impuesto contradictorio. Sirve más como caja registradora que como instrumento de salud. No cambia conductas, pero sí afecta a los bolsillos. Y cada vez que se actualiza, confirmo lo mismo: lo divertido y lo rico cuesta caro porque Hacienda ya lo etiquetó como pecado fiscal. Sun
