Transporte Público Sin Control: Cuando la Omisión Pone en Riesgo a los Usuarios
Ernesto L. Quinteros
La protesta de los choferes de la ruta Estación Galaxias–Galaxia Centro en Tapachula no debe leerse como un conflicto gremial más ni como una disputa entre transportistas. Se trata, en el fondo, de una advertencia seria sobre el deterioro del transporte público y los riesgos que enfrenta diariamente la ciudadanía ante la falta de orden, supervisión y voluntad institucional para poner reglas claras en el sector.
La proliferación de unidades irregulares no es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más peligroso. Vehículos sin registro adecuado, sin seguros vigentes, con placas que no corresponden al servicio de pasaje y sin controles técnicos suficientes circulan impunemente, compitiendo con unidades legales y trasladando a miles de usuarios que muchas veces desconocen en qué condiciones viajan. Cuando ocurre un accidente, la tragedia se multiplica porque nadie se hace responsable.
|El recuerdo del caso del menor Thiago, fallecido en una unidad con placas sobrepuestas y sin seguro, es una herida abierta que exhibe el costo humano de la negligencia. Ese episodio no fue un hecho aislado; fue la consecuencia directa de un sistema permisivo donde la autoridad llega tarde o no llega. Mientras no se ponga orden, el transporte público seguirá siendo una ruleta rusa para los usuarios.
La saturación de rutas es otro síntoma del descontrol. Incrementar unidades sin estudios técnicos, sin planeación vial y sin considerar la demanda real solo genera caos, congestionamiento y una competencia desleal que empuja a los choferes a correr más, a incumplir normas y a trabajar bajo presión económica constante. Cuando las cuotas suben pero las tarifas no se ajustan y las calles se saturan, la seguridad es la primera víctima.
Pero este problema no debe resolverse enfrentando a choferes contra choferes. La raíz está en la falta de supervisión firme de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que ha permitido durante años un crecimiento desordenado del servicio. La autoridad no puede seguir reaccionando solo cuando hay protestas o accidentes; su función es prevenir, regular y garantizar un transporte seguro y de calidad.
Resulta significativo que los propios choferes legales pidan operativos parejos, donde se revisen licencias, seguros, tarjetas de circulación y condiciones mecánicas sin distinciones. Esa disposición desmonta el argumento de que se oponen a la regulación; por el contrario, exigen que la ley se aplique de manera justa y sin simulaciones.
Desde la perspectiva del usuario, el reclamo es aún más claro. La gente no pide lujos, pide seguridad, unidades en buen estado, operadores capacitados y rutas ordenadas. El transporte público no es un favor ni un negocio improvisado: es un servicio esencial que impacta directamente en la vida diaria, el trabajo y la integridad de miles de personas.
Poner orden en el transporte público de Tapachula no es opcional, es urgente. Requiere voluntad política, operativos constantes, transparencia en las concesiones y una visión que coloque al usuario en el centro de las decisiones. Cada unidad irregular que circula es un riesgo latente; cada omisión de la autoridad es una responsabilidad compartida cuando ocurre una tragedia.
El mensaje de los choferes es claro, pero el mensaje de la ciudadanía lo es aún más: queremos un transporte público seguro, digno y confiable. Lo demás es seguir normalizando el caos, hasta que el próximo accidente vuelva a recordarnos lo que pudo evitarse. En fin.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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