Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
Un requisito esencial para atraer inversión es la certeza que otorga el sistema de solución de controversias.
La inversión es toral para alcanzar el crecimiento económico.
Sin crecimiento económico reducir la pobreza es inviable.
En ese sentido es positivo que la Presidenta Sheinbaum haya enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución General de la República en materia del Poder Judicial Federal.
Para efectos de su discusión y aprobación se ha dispuesto de un periodo extraordinario de sesiones que inicia el martes 26 de mayo. La iniciativa del Gobierno se suma a otras presentadas por otros legisladores opositores.
La iniciativa presenta diversas confusiones conceptuales sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia.
¿Es más democrático que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo formulen propuestas para integrar el Poder Judicial? ¿No es más democrático que el Poder Judicial se integre por propuestas emanadas del propio Poder Judicial? ¿Cómo garantizar autonomía y libertad jurisdiccional para actuar a los miembros del Poder Judicial si las reglas las determinan otros poderes?
¿Reinterpretar la teoría constitucional de división de poderes es hoy más democrático que continuar con siglos de tradición?
Sobre todo, si en el proceso electoral ¿sobreactúan partidos y grupos políticos señalados de ser producto de candidaturas mediante acordeón?
¿Un Poder Judicial integrado por Jueces electos por acordeón genera mayor certidumbre a la inversión extranjera?
La iniciativa retoma una figura jurídica propuesta por nosotros hace más de 15 meses cuando hablamos de Distrito Electoral Judicial, como una fórmula que permitiese elegir por demarcación juzgadores: vemos con muy buenos ojos que ahora tomen en cuenta esta figura.
En la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal leemos: «La Cuarta transformación ha sostenido que una de las causas estructurales de la impunidad y la falta de justicia ha sido precisamente, el distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales».
De lo cual disentimos porque la principal crítica de la sociedad hacia el aparato de procuración y administración de justicia es, sin duda, hacia las Fiscalías locales y hacia la FGR.
Rescatamos positivamente la propuesta de reducir candidaturas y de postergar el proceso electivo hasta el 2028.
A su vez, la Escuela Nacional de Formación Judicial será responsable de emitir un certificado que valide las competencias técnicas de los aspirantes a juzgadores. Ahí se resolverá la mitad del problema.
La otra parte sustancial seguirá siendo la idoneidad e integridad ética de quienes resulten elegibles al poder judicial popular, toda vez que quedó demostrado que los Comités seleccionadores no acreditaron la solvencia del proceso anterior, y a su vez, el que ha de desenraizar, ante los ojos del país, como parte del nuevo sistema político hacia la democratización del Poder Judicial, la praxis del acordeón. Sun
