* YA SE HABÍAN VUELTO A INSTALAR EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD PUESTOS DE COMIDA, FRUTAS, BISUTERÍA, ROPA, AGUAS FRESCAS, ADEMÁS DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS, INCLUYENDO JUEGOS PIROTÉCNICOS.
* LOS INFORMALES ARGUMENTAN QUE YA PAGARON “DERECHO DE PISO” A LAS AUTORIDADES LOCALES.
Tapachula, Chiapas; 01 de enero. – A unas horas de que concluyera el 2018, decenas de vendedores ambulantes se confrontaron con grupos de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública local y policías vestidos de civiles, a unos metros de las oficinas del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos.
Y es que, para cerrar el año, representantes de varias organizaciones sociales, cámaras y grupos empresariales, había hecho pública su inconformidad a través del rotativo EL ORBE, por el desbordamiento del comercio informal en la ciudad y la venta indiscriminada de juegos pirotécnicos y otros artefactos con pólvora
Su reclamo se volvió realidad luego de que un puesto semifijo con venta de ese tipo de mercancía, ubicado a unos metros del Palacio Municipal, estalló repentinamente.
La molestia derivó en un enfrentamiento a golpes entre comerciantes establecidos y ambulantes, en las que tuvo que intervenir la Policía Municipal, que además resguardo esas oficinas gubernamentales.
Horas después de esos bochornosos sucesos, las autoridades federales ordenaron realizar un operativo multidisciplinario en contra de la venta pública y sin control de pirotecnia en la ciudad.
En esas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Armada de México, Policía Federal, entre otros, que concluyó con el decomiso de alrededor de media tonelada de artículos con pólvora y el desalojo de los comerciantes que se habían instalado, con la autorización del Ayuntamiento, en áreas públicas.
La llegada de un buque turístico a Puerto Chiapas el domingo, sirvió de pretexto para que fuera retirados cientos, quizá miles, de comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad, mientras los alrededor de cien visitantes estuvieran en Tapachula.
Los informales habían advertido que este lunes por la mañana volverían a sus espacios, porque ya habían pagado a las autoridades locales y sus líderes por el “derecho de piso”.
Ante esa amenaza, en las primeras horas del inicio de la semana, infinidad de policías con equipo antimotines fueron concentrados a la explanada externa de la alcaldía.
A pesar de que aún era muy temprano, ya se había vuelto a instalar ambulantes en parques, banquetas, pasillos, jardineras, sendero peatonal y calles, con venta de comida, frutas, bisutería, ropa, aguas frescas, además de artículos navideños, incluyendo juegos pirotécnicos.
Ante ello, los uniformados se formaron en columnas tácticas, avanzaron y desalojaron a varios puestos con venta de derivados de la pólvora, lo que ocasionó el malestar de los vendedores, quienes se armaron con palos, piedras y otros objetos para confrontar a los guardianes del orden.
El pánico que todo eso ocasionó, obligó a decenas de comercios establecidos a tener que suspender sus actividades, resguardar a sus trabajadores y cerrar los establecimientos.
Sin embargo, líderes sociales y vendedores declararon a los medios de comunicación que, en las acciones, fueron violados sus derechos humanos y que se actuó con abuso de poder por parte de la administración de Gurría Penagos.
Reportaron que varios de sus compañeros fueron detenidos, subidos a patrullas y, muy probablemente, encarcelados.
Mencionaron que entre ellos se encuentran Humberto Ramón “N”, Ezequiel “N”, Luis Fernando “N” y Beatriz Adriana “N”.
La esposa de unos de esos detenidos, Nirvana Pérez Guzmán, dijo a los medios de comunicación que su hermana, de varios meses de gestación, fue arrastrada para que tres personas le quitaran la ropa que tenía en venta.
“Las autoridades vienen como si fueran ladrones”, afirmó al presentar a una menor de edad que también tenía huellas visibles de lesiones recientes en las piernas.
Por su parte, Federico Nuilia Martínez, secretario de conflictos de la Confederación Obrero Revolucionaria (COR), en la localidad, dijo en entrevista que había un acuerdo con las autoridades para dejarlos trabajar en la vía pública y que ese pacto se rompió con la “Ley del garrote”.
Aclaró -además- que ya no son ambulantes sino comerciantes de puestos semifijos.
Al ver que ya habían detenidos, los informales se replegaron. Después vino una tensa calma y varios intentos más de instalar puestos con juegos pirotécnicos, pero no les permitieron. El resto de los ambulantes volvió a ocupar los espacios públicos sin que nadie los molestara.
Por cierto, en todos esos enfrentamientos civiles sin precedentes en Tapachula que ocurrieron en las últimas horas en el centro de la ciudad; en la explosión del local; en la confrontación entre ambulantes y la policía, en los operativos contra la pirotecnia por parte de las fuerzas armadas y la Policía Federal; en la reinstalación de los informales en espacios públicos, no estuvo presente el alcalde, quien se supone debió de dar la cara ante esa problemática. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
