* UN JUEZ FEDERAL CONCEDIÓ UN AMPARO JUDICIAL, CON EL CUAL LOS MIGRANTES EXTRACONTINENTALES PODRÁN TENER DERECHO A RECIBIR EL SALVOCONDUCTO QUE TANTO RECLAMAN.
* EL INM HABÍA PROPUESTO QUE SÓLO SE LES PERMITIERA SALIR HACIA GUATEMALA, PERO FUE RECHAZADO POR UNA ORDEN JUDICIAL.
SUMARIO:::
El INM fracasó en su intento de que la ciudad fuera el “muro de Trump”
Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- Un Juez federal concedió un amparo judicial a los primeros 812 africanos de los poco más de tres mil que se encuentran varados desde hace meses en Tapachula, que suplicaron fueran atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero nunca se dio.
De acuerdo al coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, la resolución judicial es para que les entreguen el oficio de salida que solicitaron desde principios del año y que, por alguna situación, no se los quisieron otorgar.
El Oficio de Salida, conocido también como salvoconducto, es un documento que otorga el Gobierno mexicano para que migrantes en tránsito puedan recorrer legalmente el territorio nacional, sin ser detenidos, y salir del país en un máximo de 20 días.
La Asamblea de Migrantes Africanos en Tapachula había informado en la víspera que el INM les ofrecía el oficio, pero con la condición de que salieran por la frontera sur y no fueran a los Estados Unidos, que es su destino final.
Eso generó que en las últimas dos semanas los extracontinentales, incluyendo haitianos y cubanos, protagonizaran protestas en las inmediaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad.
En esas protestas hubo enfrentamientos con militares de la Guardia Nacional y con elementos de la Policía Federal; los golpearon, arrastraron por la carretera, les dispararon gases lacrimógenos y otras arbitrariedades que fueron documentadas por organismos defensores de los derechos humanos de varias regiones del planeta.
El momento cúspide fue este viernes, cuando miles de africanos marcharon por las principales calles de la ciudad hasta concluir con un mitin en la explanada exterior de la alcaldía local, que fue férreamente resguardada por la Policía Municipal.
En un acto considerado como de desesperación, el INM emitió este fin de semana un comunicado en el que se comprometía, ahora sí, a atender a cada uno de los africanos a partir de este lunes, un día después del informe presidencial.
Sin embargo, y según lo relatado por García Villagrán a los medios de comunicación, el amparo suspende un documento que emitió en Julio pasado la entonces directora general de Control y Verificación Migratorio, Ana Laura Martínez de Lara.
Ese proceso administrativo era el que pretendía que los africanos y otros extracontinentales salieran de México, pero únicamente por su frontera sur.
La orden del Juez es que, conforme a derecho, el Gobierno Federal debe regularizar la situación de esos migrantes y expedirles el oficio de salida, para que puedan salir por cualquier frontera. Por ello consideró que la resolución combate la ilegalidad del documento de restricción.
“Esta gente no puede estar aquí por un sinfín de razones, están literalmente viviendo en la calle, están en condiciones paupérrimas, cómo le vas a decir definitivamente espérate siete meses y luego te vas”, indicó el activista.
Con todo esto se espera que los miles de africanos, haitianos y cubanos, que en total se cree pudieran ser poco más de siete mil, que permanecen varados en Tapachula y sus alrededores, puedan continuar su viaje hasta la frontera norte.
De igual forma, que se aseguren y se repatríen a otros miles de migrantes que entraron al país de manera ilegal y que, sin oficio ni beneficio, también deambulan por las calles.
Muchos de ellos, según las denuncias ciudadanas, se han apoderado de las casas vacían en fraccionamientos y colonias populares, en donde han sido protagonistas de enfrentamientos en las que han resultado personas heridas.
Su presencia en Tapachula ha sido relacionada con el incremento en los niveles de inseguridad, sobre todo porque también ha aumentado considerablemente la participación de indocumentados en los delitos que se cometen en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
