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Se Agrava Crisis Migratoria en el Sureste de México

*- Derivado del Burocratismo de COMAR e INM: Abogados

Tapachula, Chiapas ; 27 de Abril de 2026.- Abogados especializados en materia migratoria en la frontera sur de Chiapas denunciaron retrasos sistemáticos en los trámites realizados por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), situación que afirman deriva en el incumplimiento de la ley.
De acuerdo con los litigantes, la lentitud en los procedimientos podría responder a una estrategia no declarada para evitar que Tapachula se convierta en un punto de resolución ágil para personas migrantes.

Sin embargo, subrayan que la legislación vigente establece plazos claros que están siendo ignorados de forma reiterada.
José Galdámez Peregrino, presidente del Colegio de Abogados de Inmigración A.C., señaló que el recurso de amparo, diseñado para garantizar derechos, ha perdido efectividad ante la falta de actuación del Juez federal encargado de estos casos.
Para eso está el amparo, pero el mismo Juez está siendo permisivo al no aplicar multas ni medidas de apremio, y permite que las autoridades incumplan la Constitución, donde se consagran los derechos humanos, la ley debe respetarse, afirmó.
Los abogados sostienen que tanto la COMAR como el INM se encuentran rebasados por el flujo migratorio, pero consideran que esta saturación se agrava por la ineficiencia administrativa.
Aunque reconocen que el marco legal contempla figuras como el asilo, la visa humanitaria y la residencia permanente, denuncian que los plazos legales no se respetan.
Existen 45 días para otorgar una resolución de residencia, pero los casos llegan a extenderse hasta 450 días sin una entrevista de elegibilidad, explicaron.
Asimismo, indicaron que, incluso cuando se promueven amparos, las autoridades suelen ignorar resoluciones judiciales, pese a sanciones o apercibimientos. Esta situación, advierten, genera consecuencias graves para la población migrante.
Ante la falta de respuesta, muchas personas optan por vías alternas que las exponen a redes delictivas, adquisición de documentos falsos o intermediarios ilegales.
En muchos casos, terminan en condiciones más vulnerables que al inicio, señalaron.
Finalmente, los abogados hicieron un llamado al Poder Judicial para que garantice el cumplimiento de la ley y frene la permisividad institucional. EL ORBE/Nelson Bautista

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