*No se ha Alcanzado Acuerdo con Directivos.
Tapachula, Chiapas; 27 de Abril del 2026.- A casi siete meses de iniciada la huelga en Nacional Monte de Piedad, el conflicto laboral continúa sin solución, evidenciando un escenario complejo donde se entrelazan intereses legales, económicos y sociales.
De acuerdo con Gustavo Castellanos García, secretario de la sección 30 del sindicato, la administración mantiene una postura que, según afirma, busca debilitar el contrato colectivo de trabajo, dejando en incertidumbre a empleados que se encuentran próximos a su jubilación o pensión.
El dirigente cuestionó los comunicados emitidos por la empresa, asegurando que las propuestas presentadas no favorecen a los trabajadores, sino que buscan su liquidación y la eliminación de derechos laborales históricos.
Denunció además que el proceso legal ha estado marcado por resoluciones contradictorias, incluyendo fallos que han sido impugnados y que actualmente se encuentran en revisión.
Uno de los puntos más críticos es el impacto económico que esta situación genera. Por un lado, los trabajadores enfrentan la falta de ingresos y prestaciones, mientras que, por otro, los clientes viven una creciente incertidumbre al no poder recuperar las prendas que dejaron en resguardo como garantía de préstamos.
Aunque el sindicato asegura que los objetos se encuentran seguros, la prolongación del conflicto ha generado desconfianza y afectaciones económicas para quienes dependen de estos bienes. Incluso, se advierte que el alargamiento del proceso podría beneficiar financieramente a la institución, al acumular intereses sobre los adeudos.
El conflicto también pone en evidencia tensiones internas entre sindicatos y cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos legales, lo que agrava la percepción de un sistema que, lejos de resolver, prolonga el problema.
Mientras tanto, la solución parece lejana. Los trabajadores insisten en el respeto al contrato colectivo como condición para retomar actividades, mientras la administración mantiene su postura.
En medio de esta disputa, los más afectados continúan siendo empleados y usuarios, atrapados en un conflicto que sigue sin respuestas claras. EL ORBE/ JC
