“Las averiguaciones previas federales y estatales en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por desvío de recursos, corrupción y otros delitos graves, se encuentran vigentes y en espera de que las autoridades judiciales ejerzan la acción penal”, sostuvo Carlos Tapia Ramírez.
Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia del Gobierno Federal, confirmó que la averiguación previa en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de peculado, por más de 11 mil millones de pesos, se encuentra en trámite.
El oficio FECCSPF/694 es firmado por el titular de la dependencia, Roberto Claudio Castillo Ramírez y por el encargado de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, Antonio López.
Los funcionarios hicieron remembranza que la Averiguación Previa AP/PGR/133 se inició el tres de abril del 2009, derivada de la denuncia suscrita por Carlos Tapia Ramírez, presidente de la Sociedad Civil del Soconusco en contra de Pablo Abner Salazar Mendiguchía, a quien se le señala como responsable del desvío de 11 mil 715 millones de pesos.
Esos recursos, según el expediente, fueron producto de las aportaciones del Gobierno Federal y de Organismos No
Gubernamentales otorgados a las autoridades estatales de Chiapas para atender las necesidades de 41 municipios afectados por los desastres que dejó a su paso el huracán “Stan”, de octubre del 2005.
Como consecuencia de ello, el 26 de enero del 2012, la fiscal Dilery Vaquerizo Ramírez, titular de la Mesa de Trámite 6 de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos del Gobierno de Chiapas, remitió un fax a la Procuraduría General de la República sobre las averiguaciones previas 73 y 36/2009, relacionadas al caso Salazar Mendiguchía.
Ahí se informaba que para dar cumplimiento a la colaboración requerida entre las autoridades estatales y federales, personal de la Procuraduría de Chiapas ya había sostenido reuniones con la Secretaría de la Función Pública para definir las acciones de manera conjunta que permitieran abarcar la totalidad de las obras que serían inspeccionadas.
En ese documento se justificaba la dependencia estatal señalando que “derivado de las intensas lluvias que se presentaron en meses anteriores, se ha obstaculizado el inicio a las inspecciones, dado que los caminos resultan de difícil acceso”.
Un mes después, el 22 de febrero del 2012, compareció ante esa Unidad Especializada, el visitador adjunto de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Baltasar Orea, y el fiscal ejecutivo adjunto adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Fernando Navarrete López.
Esto, para que tuvieran acceso a las averiguaciones previas en contra de Salazar Mendiguchía, luego de una queja presentada a ese organismo por los representantes de los damnificados del “Stan”.
Más tarde, el 2 de abril de ese año, se requirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas informes sobre la manera en que fueron asignados y distribuidos los recursos económicos que le proporcionó el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) al Estado de Chiapas, con la finalidad de determinar el destino final de esos recursos.
Un año después, el 8 de marzo del 2013, la PGR recibió diversa documentación requerida al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y a la Secretaría de la Función Pública, relacionada al caso Pablo Salazar y de diversos servidores públicos. También se remitió una relación del número de auditorías y presuntos responsables por ese ejercicio fiscal.
El 12 de julio del 2013, la PGR solicitó el apoyo de tres Peritos de Ingeniería y Arquitectura por parte de la Coordinación de Servicios Periciales.
No fue sino hasta el 8 de septiembre que se presentaron William Jiménez Martínez y Alfredo Pérez Medina para llevar a cabo esos estudios y el 19 de diciembre solicitaron los permisos judiciales para realizar 91 diligencias de inspección ministerial en 36 localidades distintas de Chiapas.
El 5 de febrero del 2014, la Unidad Especializada que lleva el caso solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado su colaboración para llevar a cabo diversas inspecciones ministeriales a los municipios afectados en 2005.
Del 31 de marzo al 11 de abril, personal ministerial en compañía de Peritos en matera de Arquitectura, Ingeniería Civil, Criminalística y Fotografía, se trasladaron a diversos municipios afectados por el meteoro, para realizar una verificación a las viviendas construidas.
El 2 de mayo del 2014, los especialistas emitieron un dictamen en materia de fotografía respecto a las diligencias realizadas, y una semana después, el 9 de mayo, el relacionado a criminalística.
El 25 de noviembre del 2014, se hizo constar que el caso pasó de manos de Gabriel Tehozol Cruz al titular de la Unidad, Roberto Castillo Ramírez, de acuerdo al expediente 01/UEIDC/07.
Además, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, remitió una resolución de procedimientos administrativos de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias plasmadas en el expediente OFSCE/006/08, iniciado por presunto daño patrimonial en contra de 73 ex servidores públicos estatales.
Esto, por hechos derivados de la revisión de la Cuenta Pública 2006, específicamente de los recursos administrados y aplicados por el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de pago “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales”.
En ésta revisión, se detectó que el informe final de las auditorías por parte de los especialistas en Arquitectura e Ingeniería, no aparecen y por ello ahora se están requiriendo.
Cabe recodar que son siete averiguaciones previas interpuestas: PGR/TAP-11/111/09 y PGR/UEIDCSCA/133-2009, ubicadas actualmente en poder de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Ex Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
Asimismo, las que se abrieron por denuncia directa de la Secretaría de la Función Pública del Estado, según los expedientes PGR/CHIUS/TGZ-/283/2008, TGZ-1/302/2008, TGZ-1/301/2008, TGZ-1/303/2008, y TGZ-1/2209/2008.
Todo Está Vigente: Carlos Tapia.
“Las averiguaciones previas federales y estatales en contra del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por desvío de recursos, corrupción y otros delitos graves, se encuentran vigentes y en espera de que las autoridades judiciales ejerzan la acción penal”, sostuvo Tapia Ramírez en entrevista.
De parte de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió recientemente un documento firmado por el Agente del Ministerio Público, Rubén Martínez Casanova, titular de la Mesa II de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, afirmó.
De acuerdo al oficio 1118, dijo, se le informa el estado actual de la Averiguación Previa PGR/133/2009, en contra de Pablo Salazar.
El expediente total lo ha remitido también a organismos de derechos humanos y a tribunales internacionales, que progresivamente han ido avanzando.
Se refirió también a un video de hace un par de días en el que aparece Pablo Salazar anunciando un movimiento social, como el que hizo hace 18 años cuando inicio su campaña electoral para la gubernatura de Chiapas.
“No tiene vergüenza, mucho menos dignidad, porque pretende erigirse como el mejor gobernador en la historia del Estado, como se autodenomina, cuando fue todo lo contrario” señaló.
Así también que “ese fue un gobierno de la muerte, por todos los asesinatos cometidos en ese periodo, en contra de los damnificados del huracán Stan o la de los niños del Hospital de Comitán, por omisión y negligencia de su administración”.
Sostuvo además que en el Gobierno que encabezó Pablo Salazar, “hubo persecución política de líderes sociales y periodistas, ultrajados por el gobierno satánico en ese entonces del mal llamado gobernador de los chiapanecos, cuando en realidad fue un exterminador y ángel del demonio, una verdadera pesadilla que padecimos los chiapanecos”.
Recordó que el Exgobernador ha sido acusado de fraude cometido a los fondos para la reconstrucción de la zona afectada por el paso del huracán “Stan” de octubre del 2005, por más de 11 mil millones de pesos.
Incluso, por sus disparates, lo comparó con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “porque pretende erigirse como el mesías salvador, pero solo en su cabecita loca delira volver al poder, como cuando ocupó el peor gobierno en la historia de Chiapas”.
Según Tapia, Pablo Salazar dejó en la orfandad económica y social a miles de familias damnificadas, devastadas por el huracán “Stan” en 41 municipios del Estado, “producto de la aplicación fraudulenta de los fondos para la reconstrucción”.
Aún cuando las autoridades federales no han querido proceder, afirmó, hay también una demanda de juicio político en su contra por abuso de poder y autoridad, interpuesta el 9 de julio del 2007 ante el Congreso de la Unión, y que, de acuerdo a lo que le han informado, se encuentran para su desahogo en las Comisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales.
Puntualizó que aún hay la confianza de que tarde o temprano, la ley se ejercerá en contra de Pablo Salazar. EL ORBE/Investigaciones Especiales/ Ildefonso Ochoa Argüello
