InderBugarin, Corresponsal
La elaboración y el tráfico ilegal de drogas, así como algunas respuestas de los Estados en el marco de la aplicación de la política global de fiscalización de estupefacientes, está teniendo consecuencias ambientales devastadoras en los bosques, ríos, ecosistemas y comunidades rurales de los países productores y de tránsito en América Latina.
La alerta se desprende de una investigación realizada en el marco del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas y que es parte de un consorcio entre la Fundación Internacional e Iberoamericana en materia de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).
«Este informe muestra que el comercio ilegal de drogas tiene múltiples y significativos impactos ambientales, especialmente si se considera su convergencia con otras economías ilegales y delitos ambientales. En algunos casos, las medidas adoptadas por los Estados para contener y reducir la oferta de drogas ilegales, a través de la erradicación forzosa, la interdicción y el desarrollo alternativo, entre otras respuestas, también está tenido efectos directos y colaterales en el medio ambiente», señala.
«Las evidencias demuestran las consecuencias negativas de la creación y el mantenimiento de las rutas y pistas de aterrizaje clandestinas, con la pérdida de bosques y el impacto sobre la fauna en los corredores biológicos y las áreas protegidas de los países centroamericanos, así como en la Amazonia».
Uno de los impactos medioambientales causados por los cultivos ilícitos es la deforestación; hay un alza en los cultivos de coca en zonas protegidas. En 2022, en Colombia se identificaron cultivos en 13 de las 59 reservas naturales declaradas en el país, con un total de 10 mil 626 hectáreas, lo que equivale a 3.2 veces más que lo reportado en 2010.
En Perú, desde 2018 hay una tendencia ascendente en el uso de áreas naturales protegidas, pasando de 192 hectáreas a 439 en 2022. En tanto, en México de 2019-2020 se estimó la superficie usada para la siembra ilícita de amapola entre 17 mil 400 y 30 mil 900 hectáreas.
«Los cultivos ilícitos para la producción de drogas pueden afectar al aire, el agua y el suelo, así como perjudicar a la fauna y el entorno biológico en general, al igual que ocurre con otros cultivos agrícolas. Estos impactos se relacionan con las prácticas de trabajo, los requisitos y los aditivos usados en la producción, buscando rendimiento y calidad».
«Los cultivos de coca requieren un uso intensivo de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, especialmente cuando se usan suelos sin potencial agrícola».
Pero la deforestación no sólo está asociada a los cultivos de hoja de coca, cannabis y amapola. En Guatemala, Honduras y Nicaragua se estima que entre 15% y 30% de la pérdida de bosques está asociada a la expansión de las zonas de pastoreo, financiada por los ingresos del narcotráfico. A la destrucción de ecosistemas se suman los daños causados por la producción de estimulantes. Para ilustrar la gran cantidad de basura tóxica generada por la producción de drogas, hace referencia a la metanfetamina, que por cada kilogramo producido desecha hasta 10 kilogramos de sustancias químicas.
En el caso de México, se estima que la producción clandestina de metanfetamina podría generar entre 3 mil 102 y 3 mil 942 toneladas de residuos químicos. Algunos de los residuos generados en los laboratorios clandestinos son metales, disolventes y precursores.
«Los activistas medioambientales han denunciado la contaminación de los ríos cercanos a las zonas de producción, lo que ha afectado a la fauna y la vegetación. La mayoría de las pruebas son anecdóticas, por lo que resulta difícil estimar el alcance de los impactos», señala. Sun
