Irene Levy
Una avalancha regulatoria hace fila en el Congreso y en las oficinas del Ejecutivo. Es evidente que México, y todos los países, necesitan actualizar su marco digital, pero las normas que se están moviendo al mismo tiempo deberían responder a una visión armónica y democrática de Estado a largo plazo.
Cine y audiovisual: La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, sustituye un marco de 1992 e incorpora a las plataformas digitales y sus obras audiovisuales al ecosistema cultural. Además, establece una cuota mínima de 10% para cine mexicano en salas, con al menos 14 días en cartelera, para fortalecer la producción nacional. El problema empieza en los detalles. El artículo 29 obliga a que el doblaje sea realizado por personas. La intención de proteger el empleo creativo es legítima, pero su aterrizaje en las leyes del trabajo y derechos de autor, no lo es.
Trabajo y derechos de autor: Diversas asociaciones han advertido riesgos en estas reformas que aún no se votan en el Congreso. ALAI, Canieti y la AIMX han señalado que la iniciativa introduce un esquema de autorización rígido sobre el uso de imagen y voz, incluso para tecnologías futuras, generando incertidumbre jurídica. Además, advierten que definiciones amplias y un modelo de consentimiento restrictivo podrían romper la neutralidad tecnológica y trasladar cargas desproporcionadas a plataformas y desarrolladores, entre otros problemas. El contexto de la próxima revisión del T-MEC introduce presión adicional sobre cualquier cambio en materia de propiedad intelectual.
Negociaciones internacionales: En el tablero internacional, México negocia simultáneamente dos marcos que responden a lógicas regulatorias distintas. La revisión del T-MEC, que en los hechos será una renegociación, y el nuevo Acuerdo Global con la Unión Europea que está por cerrarse tras casi una década de negociación; en él se establece una zona de libre comercio conforme a las reglas de la OMC, e incorpora disciplinas de nueva generación en comercio digital, facilitación y estándares regulatorios.
Y ahí está el punto crítico, porque el capítulo digital del acuerdo europeo introduce reglas sobre comercio electrónico, flujos de datos y confianza en línea, bajo un modelo claramente más intervencionista. Europa regula para ordenar el mercado, mientras que Estados Unidos privilegia la innovación con menor intervención. México podría quedar en medio de ambos modelos y crear tensiones.
Registro de líneas móviles: Paralelamente, se acerca el término del registro obligatorio de líneas móviles (29 de junio). De más de 150 millones de líneas declaradas, apenas 15% ha sido registrado. Si la autoridad decide aplicar la norma en sus términos, ¿va a desconectar a más de 100 millones de usuarios que, a este ritmo, no se registrarían? No; vendrán prórrogas o rediseño. Por otro lado, hay un dilema importante que el registro va a evidenciar: ¿realmente existen 153 millones de líneas activas en México? Difícilmente; México pasaría, de la noche a la mañana, a exhibir una brecha mucho más profunda que la declarada oficialmente. ¿Este inevitable cambio de cifras que traería el registro ya se asumió por la Presidencia?
Avanzar con más coordinación y con una incorporación efectiva de los actores involucrados desde el diseño de las reformas permitiría fortalecer al Estado y dar más certeza jurídica. La limitada apertura de estos procesos reduce la calidad normativa y dificulta su implementación. Legislar sin diálogo rara vez produce buenos resultados. Sun
Presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación. Redes sociales: @soyirenelevy
