El Costo Invisible del Paro Magisterial
Ernesto L. Quinteros
Mientras el conflicto magisterial continúa ocupando espacios en la agenda política nacional y estatal, existe un sector que nuevamente queda atrapado entre las exigencias sindicales y la incapacidad gubernamental para encontrar soluciones oportunas: los estudiantes.
La protesta de los maestros es un derecho legítimo. La defensa de conquistas laborales, prestaciones y condiciones de trabajo forma parte de cualquier sistema democrático. Sin embargo, también es legítimo preguntarse quién está pagando la factura más alta de esta confrontación. La respuesta es sencilla: millones de niñas, niños y jóvenes que permanecen fuera de las aulas.
México aún no logra recuperarse de las profundas heridas que dejó la pandemia en materia educativa. Durante los años de confinamiento se registró una caída significativa en los niveles de aprendizaje, abandono escolar, problemas de comprensión lectora, rezagos en matemáticas y una preocupante pérdida de habilidades socioemocionales.
Los diagnósticos realizados por organismos nacionales e internacionales coinciden en que los efectos continúan presentes y que la recuperación avanza a un ritmo mucho más lento de lo esperado.
Lo preocupante es que, a más de seis años del inicio de la emergencia sanitaria, ni las autoridades educativas ni los propios sistemas escolares han conseguido revertir completamente el daño. Los estudiantes que cursaban primaria durante la pandemia hoy enfrentan niveles educativos superiores arrastrando vacíos de conocimiento que nunca fueron atendidos de manera integral.
En ese contexto, cualquier suspensión prolongada de clases representa un golpe adicional para una generación que ya carga con enormes desventajas académicas.
Resulta paradójico que mientras el discurso oficial habla de fortalecer la educación pública, las aulas permanezcan cerradas durante semanas. Más preocupante aún es observar cómo el debate se concentra exclusivamente en las demandas laborales y en la negociación política, dejando en segundo plano el derecho fundamental de los estudiantes a recibir educación.
La responsabilidad no recae únicamente en el magisterio. También corresponde a las autoridades federales y estatales, que han demostrado una preocupante incapacidad para construir acuerdos antes de que los conflictos escalen. Cada día perdido refleja la ausencia de canales efectivos de diálogo y la falta de una política educativa que coloque al alumno en el centro de las decisiones.
Los maestros tienen razones para exigir atención. El gobierno tiene la obligación de escuchar y resolver. Pero ambos deben reconocer que existe una línea que no debería cruzarse: comprometer el futuro académico de quienes no participan en la negociación.
La historia reciente demuestra que recuperar semanas o meses de clases no es tan sencillo como extender calendarios o asignar tareas extraordinarias. El aprendizaje perdido difícilmente se recupera por completo, especialmente en comunidades vulnerables donde la escuela representa mucho más que un espacio de enseñanza.
Hoy, el país enfrenta un dilema que exige madurez política. Las demandas magisteriales merecen atención, pero el interés superior de la niñez y la juventud deben prevalecer sobre cualquier cálculo sindical o gubernamental.
Porque cuando finalmente termine el paro, cuando se firmen acuerdos y se anuncien soluciones, los dirigentes sindicales y los funcionarios volverán a sus actividades. Los estudiantes, en cambio, seguirán enfrentando las consecuencias de un rezago educativo que crece silenciosamente y que amenaza con convertirse en una de las mayores deudas sociales de nuestra generación.
Por cierto, es irónico que los que fueron los principales aliados del actual gobierno federal desde el sexenio pasado, hoy sean los principales adversarios. ¿Alguien dijo que quería un cambio?
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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