*Secretaría de Salud No ha Intervenido.
Tapachula, Chiapas; 31 de enero. – De todos los policías municipales que presentaron signos de intoxicación por ingerir alimentos contaminados que la misma corporación les proporcionó, 18 tuvieron que recibir atención médica especializada en un hospital privado de la ciudad.
El resto pudo trasladarse a sus casas para continuar con su recuperación y tratamiento, y se desconoce cuándo volverán a sus labores cotidianas.
Se creía que la Secretaría de Salud en Chiapas actuaría de inmediato para clausurar a la empresa proveedora, hacer las pruebas de laboratorio y fincar las responsabilidades, a fin de proteger la vida de los cientos de policías que diariamente comen esos alimentos.
Sin embargo, la empresa “Cocinas Industriales Soconusco, ubicada en la 5ª privada sur de esta ciudad, siguió operando este jueves como si nada hubiera pasado. Les mandó frijol con chipilín a los uniformados para que comieran, pero se cree que a precios muy por encima de lo normal.
En los últimos seis años, los servicios de alimentar a los policías estuvieron a cargo de la empresa GR, que la representaba, Samuel Irán González, pero se cree que el propietario es también funcionario de la actual administración municipal.
Sin embargo, dos meses después de haber asumido el cargo de alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, se recibió una nueva solicitud de proveedor de alimentos en lo que se cree intervino directamente el tesorero municipal, Ernesto Navarro Damiano y el cuñado del presidente, Alfredo García Arjona.
De acuerdo a la inscripción de esa empresa en el padrón de proveedores del Ayuntamiento (cuya copia está en poder de esta Casa Editorial), Floridalma Álvarez Pérez, de 54 años de edad y con domicilio en la calle Ignacio Allende de la colonia Indeco Cebadilla, firmó como supuesta propietaria y persona física de la empresa.
En su registro, signado el 30 de noviembre del año pasado, dice claramente que su actividad preponderante es la de “servicio de preparación de alimentos para ocasiones especiales”, pero no tres veces al día.
Un mes después, el 10 de enero pasado, Cocinas Industriales Soconusco, como dice una lona en las afueras de donde se cree se prepara la comida, empezó a suministrar la comida a los elementos de la Policía Municipal, además de la Escolar y a los de Protección Civil.
De inmediato vinieron las quejas en el sentido de que la calidad de los platillos había disminuido considerablemente y que olía mal, por lo que muchos uniformados optaron por no comerla, aunque en otros tenían que hacerlo por mera necesidad.
Las sospechas de que era comida descompuesta se confirmaron este miércoles, cuando decenas de elementos de esa corporación se intoxicaron.
Se cree que, mensualmente, el gobierno municipal destina alrededor de 1.3 millones de pesos para el pago de esa comida.
Este jueves, algunos policías confirmaron que sintieron miedo al recibir sus alimentos de la misma empresa y que, por lo mismo, prefirieron tirarlos a la basura.
Por todo ello se espera que el Congreso del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda, entre otras dependencias, realicen las investigaciones pertinentes para descartar la posibilidad de que todo se trate de un gran acto de corrupción, en el que se haya puesto en peligro la vida de los policías.
Esa indagatoria podrían iniciarla con una auditoría física y contable a Floridalma Álvarez Pérez, para corroborar que tiene la capacidad económica para prestar esos servicios, si sus declaraciones fiscales están al día, qué tipo de facturas expide, si cumple con los estándares de calidad y sanidad, o se trata solamente de una presta-nombre.
De confirmarse que en la contratación de esos servicios hubo irregularidades, con la complicidad y la sumisión de los regidores, sería una mancha a la propuesta anticorrupción que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
