Kenia López Rabadán
Lo que hace unos días empezó con la cancelación de un evento sobre racismo y clasismo que tenía programado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), terminó convirtiéndose en una amenaza en contra de la existencia de los organismos constitucionales autónomos y de algunos descentralizados como el mismo Conapred.
Lo que olvida la Presidencia de la República es que los organismos constitucionales autónomos tienen su fundamento legal en nuestra Carta Magna y para modificarlos o extinguirlos se necesita una mayoría calificada con la que actualmente no cuenta Morena y sus aliados, es decir, el Ejecutivo Federal no puede ordenar autoritariamente su desaparición.
En similar situación se encuentra el Conapred, ya que en junio de 2003 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de promover la inclusión social y el derecho a la no discriminación. Por ello, se fundó como una institución sectorizada de la Secretaría de Gobernación, pero independiente en su toma de decisiones y formulación de políticas públicas. Lo anterior significa que para desaparecerlo tendría que pasar por el Congreso de la Unión.
Esta instancia fue una exigencia desde 1993 de la Organización de las Naciones Unidas mediante una Recomendación General del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero también, desde la izquierda mexicana, Gilberto Rincón Gallardo, fue un impulsor de su creación y de la lucha para eliminar la discriminación en nuestro país.
Desde su campaña presidencial en el año 2000, Rincón Gallardo exigió que se realizaran reformas legislativas para salvaguardar el derecho a la igualdad entre los mexicanos. Años más tarde, por su gran experiencia y compromiso con la causa de los más desprotegidos, fue el primer titular del Conapred.
Desafortunadamente, hoy parece que la historia de esta noble institución se encuentra en peligro. Ayer cuando el Presidente de la República fue cuestionado sobre si debe desaparecer el Conapred, señaló que «si y que la Secretaría de Gobernación que tiene que ver con los derechos humanos se haga cargo».
Probablemente el Conapred cuenta con muchas deficiencias, sin embargo, lo que se necesita es fortalecerla —como ha recomendado la ONU- con recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para brindar una atención efectiva a todos los casos de discriminación.
Lamentablemente el Presidente de la República tiene una obsesión por destruir todo aquello que cuente con una mínima autonomía, que vigile y mida el impacto de sus políticas públicas, y que sirva de contrapeso para su gobierno. Ha criticado a los organismos reguladores de energía, hidrocarburos y gas, al instituto de transparencia, al INE, al instituto de personas adultas mayores, secuestró a la CNDH y hoy, intenta centralizar y eliminar a las instituciones que no le son cómodas.
Lo que debería ser prioridad para este gobierno es la vida, la salud, la seguridad y la economía de los mexicanos. Pero ello, al parecer no es prioritario y el mejor ejemplo es la posibilidad de que sesione el congreso mexicano la próxima semana y el partido oficial no acepte aprobar una ley que permita tener un apoyo económico familiar en medio de esta pandemia. Ni apoyo a las personas, ni apoyo a los empleadores.
En resumen lo que sí es prioridad para la 4T es la concentración de poder y no la distribución digna de los impuestos. Sun
