Ricardo Monreal
Las principales farmacéuticas a nivel internacional cuentan con procesos de regulación interna y externa que minimizan las posibilidades de que las autoridades públicas sean cooptadas para favorecer una empresa. El problema está en que mientras estas empresas cumplían las regulaciones en sus países, en México surgieron intermediarias farmacéuticas -conocidas como distribuidoras-, que en realidad se convirtieron en nidos de contubernio en donde se generaron grandes negocios que, además de impedir la maduración del sistema de salud, pusieron en riesgo la vida de las y los mexicanos.
La antigua clase política favoreció a un número reducido de distribuidoras, dando paso a la formación de un cártel farmacéutico. Y como prueba queda que, de 2012 a 2018, 10 empresas acapararon el 80% de los 335 mil 981 millones de Pesos que el Gobierno gastó en medicamentos.
Las distribuidoras se convirtieron también en un buen negocio para algunos Gobiernos, los cuales sistemáticamente compraban medicamentos a sobreprecio, para después embolsarse la diferencia. Ésta podría ser una de las razones principales por las cuales ciertos Estados decidieron no formar parte del Insabi, pues no quisieron ceder la adquisición de medicinas al Gobierno federal.
A pesar de las presiones ejercidas, se han iniciado acciones concretas para acabar con este círculo vicioso, a través de dos ejes fundamentales: ampliar la competencia en el sector farmacéutico y hacerse responsable de la distribución de los medicamentos.
El primero se ha puesto en marcha. La semana pasada se aprobó en el Congreso federal una reforma a la Ley de Adquisiciones, para permitir que el Estado adquiera medicamentos e insumos médicos en el extranjero, sin licitación, a través de organismos internacionales. Después de esta aprobación, el Gobierno de López Obrador firmó un convenio con la ONU y la OMS para adquirir 3 mil 643 claves de medicinas.
Quienes se oponen a esta medida tratan de argumentar que esto afectará a proveedores nacionales y que no será suficiente para acabar con la adquisición irregular de medicamentos. Sobre el primer punto, el proceso de compra consolidada de los organismos internacionales también incluye a proveedores mexicanos, quienes podrán participar con mayor igualdad de circunstancias. Lo que ya no sucederá es que las grandes empresas desplazarán a los competidores más pequeños, aprovechando sus relaciones políticas y el acaparamiento del mercado.
Es necesario decir que evitar la aduana de la corrupción que representan las distribuidoras farmacéuticas, al poder adquirir medicamentos de manera directa, es un gran paso para acabar con los viejos esquemas de colusión.
Sin embargo, se debe contar con la infraestructura suficiente para que la distribución no sea el as bajo la manga que algunas empresas utilizan para fijarle términos asfixiantes al Estado mexicano.
El segundo eje de acción es la creación de una empresa de distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos, medida que también ha sido criticada por quienes opinan que el Gobierno es incapaz de llevar a cabo este proyecto. Se requerirá de un gran esfuerzo para poder echar a andar un proceso tan ambicioso e importante como éste, pero se debe tener claro que la mayoría de quienes construyeron las actuales distribuidoras nunca lo hubieran podido hacer sin haber abusado del Estado, por ello es ahora el que, lejos de beneficiar a un grupo en particular, empieza la corrección de rumbo para garantizar la salud de las y los mexicanos.
En su discurso, el Presidente señaló que, si le pidieran expresar en una frase el plan de su Gobierno, respondería: «acabar con la corrupción y la impunidad». Los cambios legales y las iniciativas gubernamentales anunciadas la semana pasada son dos grandes pasos para desterrar a ese binomio cancerígeno que por tanto tiempo ha frenado el desarrollo de México. Quienes se oponen a estos cambios cuentan con grandes recursos económicos, pero no existe mayor fuerza que la voluntad popular, en la que cual se cimienta el actual cambio de régimen. Sun
