Miguel Carbonell
Investigador del IIJ-UNAM
EL UNIVERSAL
Mientras nos acercamos al escenario trágico en el que casi 70 mil personas han fallecido por causa del Covid-19, la vida va poco a poco entrando en la «nueva normalidad». Las tiendas y los cines comienzan a abrir. Los trabajos se retoman, aunque sea a la distancia. Y las escuelas hacen el mejor esfuerzo para adaptarse al inicio de curso. Todo parece estar al revés y nada se parece a lo que conocíamos.
En este huracán de cambios, la tarea de impartición de justicia parece estarse moviendo con una enorme lentitud. Varios de nosotros alertamos desde los meses de Abril y Mayo que teníamos que avanzar a toda velocidad hacia un modelo de justicia digital que permita salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de todos los involucrados. Para construir ese nuevo modelo se requerían inversiones en infraestructura, capacitación del personal para que los abogados aprendan el funcionamiento de las herramientas digitales.
En pleno mes de Septiembre podemos afirmar que se desperdició una enorme cantidad de tiempo. Ni siquiera hubo el indispensable seguimiento legislativo para poder construir con solidez jurídica el nuevo paradigma de la justicia digital. El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional sobre el tema, pero nadie parece estar dándole seguimiento (ni siquiera su propio autor).
Deberíamos aprender de otros países (sobre todo los europeos) que ya están enfrentando una segunda ola de contagios una vez que relajaron los mecanismos de aislamiento social y retomaron sus actividades cotidianas. En México ni siquiera hemos terminado la primera ola, pero ya nos estamos acercando a la peligrosa temporada otoñal de la gripa, que pondrá a prueba la capacidad de nuestros hospitales y clínicas.
Tenemos que seguir insistiendo en construir la justicia del siglo XXI que merece nuestro país. Prácticas conocidas como: oficialía de partes digital, expediente electrónico, firma electrónica, audiencias telemáticas, desahogo de pruebas a través de internet, catálogo de incidencias y la forma en la que deben ser resueltas.
Lo ideal sería que todo ciudadano pudiera contar con una especie de firma digital universal, que permitiera desahogar trámites ante todo tipo de autoridad, de modo que pudiera servir para presentar una demanda ante cualquier tribunal de la República, ante cualquier autoridad administrativa o, incluso, para hacer algunos trámites notariales. Si la tecnología nos puede ayudar a evitar los contagios, hay que utilizarla a fondo.
La justicia digital puede y debe abarcar con los métodos alternativos de solución de controversias (MASC), de forma que podamos llevar a cabo conciliaciones de manera remota, propiciando acuerdos entre las partes de un litigio.
La justicia digital no solamente nos puede ayudar a evitar contagios, sino que a mediano y largo plazos puede generar importantes ahorros de tiempo, dinero y esfuerzo para los abogados, los Jueces, los Fiscales y para los ciudadanos usuarios del sistema de justicia.
En el fondo, la justicia digital nos debe obligar a repensar la profesión jurídica, tal como está sucediendo en muchos otros ámbitos profesionales. Ni modo que todo esté cambiando y que lo único que no podamos modernizar sea el trabajo que hacen los juristas. Por el contrario: los abogados debemos poner el ejemplo y aportar todo lo que podamos para hacer un mejor trabajo. México lo requiere, con gran urgencia. Sun
