Candidatos por la Libre

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María Elena Morera
(Presidenta de Causa en Común)

Los saldos de las pasadas elecciones fueron varios. Entre reacomodos partidistas y votaciones con márgenes muy cerrados, el más grande proceso electoral concluyó. Existe, sin embargo, un tema que sigue pendiente y no ha sido lo suficientemente comentado y es que no existen los candados necesarios para evitar que candidatos que han sido abiertamente vinculados con el crimen organizado, participaran en la contienda y que incluso ganaran. En esa situación tienen que ver tanto los partidos políticos como las autoridades impartidoras de justicia.
De acuerdo con el mapa que actualiza la Unidad de Inteligencia Financiera respecto de la presencia de grupos criminales, en todos los Estados donde se disputó el cargo de Gobernador hay presencia y control de grupos criminales locales e internacionales. Todas estas entidades son puntos neurálgicos para la producción y tráfico de drogas, tanto a nivel nacional como trasnacional.
A lo largo de las últimas dos décadas, al menos, esos estados han sido escenarios de hechos violentos que han escandalizado, a nivel internacional por el número de víctimas y violencia general asentada. Dicho sea de paso, el pasado 17 de Junio se cumplieron cincuenta años de que el presidente estadounidense Richard Nixon declarara la «guerra contra las drogas». A cincuenta años del inicio de esa guerra, no hay logros que celebrar.
Mientras que el narcomenudeo en México, ha sido uno de los delitos con mayor crecimiento, alrededor del 10% mensual, en el contexto electoral hay un buen número de candidatos que han sido vinculados con actividades de tráfico de drogas y relacionados con miembros de grupos criminales. Esto indica que los mismos grupos criminales, luchan una batalla adicional a la de las drogas, y que es aún más peligrosa: el control político de los Estados donde operan.
Las modalidades de estos grupos son varias y van desde financiar campañas, apoyar abiertamente a ciertos candidatos, hasta la opción de imponer candidatos en cargos de elección pública. Con esto sucediendo en el panorama electoral del país, pareciera que a la par de las renovaciones partidistas, también se podrían afianzar posiciones territoriales de los grupos delictivos.
Sobre el camino que siguieron los candidatos en las contiendas, surgen las preguntas ¿cómo pudieron convertirse en sujetos a elección popular, con antecedentes criminales? ¿Dónde están las cartas de antecedentes no penales de los aspirantes? ¿Si esto pasó en estas elecciones, significa que no habrá mayores controles para las contiendas, de aquí en adelante? Los ejemplos no son pocos y sí muy preocupantes. Los vínculos han sido desde niveles locales, hasta los de mayor jerarquía. Aunque, algunos participantes argumentaron que son lazos indirectos por familiares, en varios casos, las autoridades también cuentan con casos formales. Sin embargo, de alguna inexplicable manera se olvidaron los filtros y los candidatos se registraron, contendieron y algunos ganaron.
La penetración de esos polémicos, por decir lo menos, candidatos se dio en Estados que, el día de hoy registran la incidencia delictiva más grave y niveles de violencia asociados al crimen organizado. En Guerrero, se mostraron abiertamente nexos con grupos delictivos; en Michoacán se registró un candidato buscado por la DEA; en Puebla, se postuló un familiar de un exlíder de un grupo criminal, preso en la ciudad de México; en Morelos, un candidato fue detenido en pleno proceso electoral, y entre los nuevos ocupantes a las curules en la Cámara de Diputados, se registró el hermano de un líder criminal en Michoacán.
Los efectos de la presencia de esos candidatos, algunos incluso electos, son una grave derrota para la democracia en México.
Un cambio de visión es urgente, todos hemos pagado altísimos costos, violencia, crecimiento del consumo, destrucción institucional por la corrupción y el ingreso de los grupos delictivos a la política como claramente lo vimos en estas elecciones. (Colaboró Pilar Déziga) Sun