Roberto Rock L.
Al remedo de inquisidores de la prensa contratados por Palacio. Con el deseo de que aprendan al menos a hablar con soltura.
La suma de errores propios y factores adversos en el sector salud acorrala al gobierno López Obrador. Un inminente manotazo presidencial en este sector, como algunos de sus colaboradores anticipan, puede apenas dar tiempo para evitar un desastre que marcaría a fuego su legado.
El Presidente ha dado indicios de hacia dónde se moverá: confiar en la experiencia e infraestructura del IMSS, a cargo de Zoé Robledo, un negociador nato, para reactivar la compra consolidada de medicinas y frenar la rebelión de colectivos de pacientes, orillados a la desesperación por pifias gubernamentales.
López Obrador debe corregir también su peor nombramiento: Juan Antonio Ferrer, en el Insabi. La incompetencia del personaje resulta escandalosa, y ha poblado a ese organismo amorfo con amigos y paisanos tabasqueños sin capacidad técnica alguna.
Desde el inicio del gobierno, López Obrador se mostró exasperado frente a las pugnas que enfrentaban a funcionarios sobre la ruta a seguir en salud.
«¡Pónganse de acuerdo!», dijo alguna vez, según testigos directos, durante una reunión a la que acudían los entonces titulares de Hacienda, Carlos Urzúa; del IMSS, Germán Martínez; de Salud, Jorge Alcocer, y la subsecretaria del ramo, Asa Cristina Laurell, entre otros. Todos ellos perdieron eventualmente el cargo, salvo Alcocer, con minúscula influencia en el gabinete.
Por las «mañaneras» presidenciales han desfilado todo tipo de denuncias y anuncios de ajustes en el sistema de salud, no carentes de argumentos, pero sin resultados. Lo mismo sobre corrupción de laboratorios y distribuidores; connivencia entre éstos y funcionarios; existencia de virtuales monopolios. Empresas que jugaron «a las vencidas» con el Presidente, como se le atribuyó al gigante mexicano Pisa cuando frenó la producción y entrega del metotrexato, indispensable para el tratamiento de cáncer infantil.
Palacio dio carta blanca para la cruzada de la entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, que canceló contratos, inhabilitó empresas, impugnó precios, intentó fallidas compras masivas, persiguió a directivos de hospitales de alta especialidad, se alió con ególatras como Hugo López-Gatell, incendió la pradera… pero no logró más que poner en agonía por inanición a todo el sector, para luego ser enviada al SAT, donde las debilidades de su antecesora, la ahora ministra Margarita Ríos Farjat, estaban hundiendo la recaudación.
En julio de 2020 López Obrador anunció un convenio con la UNOPS para adquirir medicamentos por el equivalente a 100 mil millones de pesos. En 2019, todas las operaciones de ese modesto organismo de Naciones Unidas habían sumado apenas la quinta parte de esa cifra.
A esa institución se le pagarán cerca de 2,000 millones de pesos por tres años de servicios. Sin embargo, cada vez se rezaga más en su entrega de medicinas a cuentagotas, sin las claves más urgentes. Y peor, debió recurrir a intermediarios que han sido inhabilitados por la autoridad.
Desde las oficinas del Insabi el responsable del abasto, Adalberto Javier Santaella (con experiencia en manejo de violencia familiar), liberó un oficio el 26 de febrero de «sálvese quien pueda», pidiendo al sistema hospitalario federal público adquirir medicinas donde las encuentre. Eso equivale a compras a precios altos, sin transparencia ni garantía de entrega oportuna o de calidad. Mientras, pacientes y sus familias toman calles en todo el país, acosados por deudas y el mercado negro de medicamentos.
Apuntes: La escena del Presidente jugando beisbol con la gobernadora saliente de Sonora, Claudia Pavlovich, y su virtual sucesor, Alfonso Durazo, confirmó que hubo un alegre y oportuno acuerdo para definir el orden al bate. Sun
