Yasmín Esquivel Mossa
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En 2013, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el 30 de Julio como el Día Mundial contra la Trata, con el propósito de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano; promocionar y proteger sus derechos, y sensibilizar a la humanidad sobre lo pernicioso e indignante de este delito.
Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, dado a conocer en febrero de este año por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2018 se detectaron unas 50,000 víctimas de trata de personas, una cifra que –aclara- podría ser mucho mayor si se considera la naturaleza encubierta de este delito.
El mismo informe revela que durante los últimos 15 años, el número de víctimas detectadas ha aumentado, aunque su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas se redujo de más del 70% a menos del 50%; mientras que la proporción de menores ha aumentado, de aproximadamente el 10% a más del 30%, lo que significa que el número de menores de edad víctimas de trata es cada vez mayor. Del total de víctimas, el 50% lo fueron con fines de explotación sexual; 38% con fines de trabajo forzoso; 6% sometidas a actividades delictivas forzadas; 1% a la mendicidad forzada y un número menor, a contraer matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines.
Nuestro país presenta datos similares. Según el informe «Trata de Personas en México, Enero-Junio 2021», elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a partir de los 887 reportes que se recibieron en la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas durante ese periodo, refiere que, aunque la prostitución ajena reportó un descenso respecto del mismo periodo en 2020, se mantiene en primer lugar con el 45.2% de los casos, seguida de la explotación laboral (26.2%), el trabajo o servicios forzados (19%), la mendicidad forzada (4.8%), la adopción ilegal de menores (2.4%) y la utilización de menores en actividades delictivas (2.4%).
Entre otros hallazgos relevantes confirma que niñas, niños, y adolescentes, se mantienen como la población de mayor vulnerabilidad para la trata de personas, conformando el 41.1% de las víctimas. De igual forma identifica a las niñas, de entre 13 y 17 años, como uno de los grupos más susceptibles a ser víctima de trata en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual; la adaptación de las organizaciones delictivas dedicadas a la trata a los cambios motivados por la pandemia, lo que se refleja en los medios de enganche, de los que ahora prevalece la oferta engañosa de empleo sobre el enamoramiento, que antes ocupaba el primer sitio, y la incorporación de nuevas tecnologías a su modelo de negocios en todas las fases del proceso, desde la captación hasta la explotación de las víctimas.
Hablamos de un fenómeno grave y sumamente gravoso: el comercio de personas. Esa actividad que transforma a seres humanos en objetos desprovistos de toda dignidad, lo que constituye una de las más graves violaciones de derechos fundamentales que, lamentablemente, cada día cobra un mayor número de víctimas; que trasciende fronteras a través de la operación de sofisticadas redes que hacen de esta actividad delictuosa -la moderna esclavitud- una de las más rentables a nivel mundial, apenas rebasada por el narcotráfico. Un lastre intolerable en una sociedad civilizada que nos exige tomar conciencia para abatir los factores que lo favorecen y, a las autoridades, les impone el ineludible deber de actuar con la mayor contundencia para su combate y erradicación. Sun
