En 36 de 50 Municipios la Violencia no Cede

A finales de 2020 el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia integral para la reducción de homicidios. Se basó en la atención de «15 municipios prioritarios». El criterio fue atender a «los más violentos de México»; sin embargo, seis meses después, en 2021, mientras aumentaban los homicidios en todo el país, la lista se amplió a 50 localidades.
La estrategia de ubicar medio centenar de alcaldías resultó una réplica de la ejecutada en 2016 por el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso, 36 municipios determinados en el presente gobierno ya habían formado parte del listado del gobierno anterior. En esto coincide un análisis publicado en 2021 por la organización México Evalúa.
Estos territorios llevan siete años padeciendo una espiral de violencia que parece no tener fin. En algunos casos el número de homicidios aumentó con todo y estrategia preventiva y de contención.
Por ejemplo, Zamora, Michoacán, pasó de tener una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 28 en 2015, a 163 en 2022. El segundo registro más alto del país.
Fresnillo, Zacatecas, pasó de registrar 33 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 105 en 2022. A pesar de que su tasa por homicidios se triplicó en ese periodo no fue seleccionado en el primer filtro de 2020 que lanzó el gobierno federal actual. Fue ingresado hasta 2021.
Estas regiones muestran las fallas de las estrategias de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador.
Se seleccionaron municipios en donde se concentra 50% de los homicidios a nivel nacional, pero lo hicieron tomando en cuenta el número absoluto de asesinatos y dejando de lado contextos sociales y elementos como la tasa de incidencia del delito, es decir, no priorizaron lugares donde sus pobladores son más propensos a ser víctimas de homicidio, coinciden especialistas en seguridad consultados.
Álvaro Vizcaíno, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), asegura que debe haber criterios diferentes para evaluar los municipios que están en la lista. Explica que la cantidad no es lo relevante, sino sus problemáticas y sus metas.
«Es una estrategia que no se ha implementado adecuadamente y hay que reconocerlo (…) Ninguna de las dos [ni la de Peña Nieto ni la de López Obrador] estableció una meta de reducción del número total de homicidios en determinado periodo», señala Vizcaíno.
Violentos e ignorados
Según datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fueron analizados por EL UNIVERSAL, hay por lo menos 10 alcaldías que se encontraban en la lista de municipios prioritarios de 2016 y que, con base en sus cifras, tendrían que haber permanecido en el primer listado de 2020, pero no fue así. Y es que sus tasas de homicidio se ubican por encima de la nacional o han aumentado durante este sexenio.
Entre ellos se encuentra Guadalupe y Calvo, Chihuahua, una región con apenas 50 mil habitantes y que en 2020 tenía una tasa de 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el doble de la nacional. En 2022 esta cifra creció a 91.
Otro ejemplo es la ciudad de Colima, con alrededor de 170 mil habitantes, que a pesar de haber estado en la lista de municipios prioritarios de 2016 que publicó el gobierno de Enrique Peña Nieto, la dejaron fuera en 2020 y tuvo un crecimiento de 24 a 163 homicidios por cada 100 mil habitantes en ese periodo.
Comparando las estrategias de ambos mandatos, la diferencia principal es que en 2016 se resaltaba la «profesionalización» de las corporaciones policiacas y fortalecimiento institucional, elementos que no se hallaron en los puntos de 2021. «Las acciones se han concentrado únicamente en el despliegue operativo temporal», dice Vizcaíno.
Sin recursos
Hay otro problema que no se ha abordado en el plan de contención de homicidios dolosos en México: el presupuesto en seguridad de los estados, un elemento indispensable para implementar cualquier estrategia, de acuerdo con el especialista del Inacipe.
El Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (Fortaseg), que se otorgaba a los municipios y, en su caso, a los estados cuando ejercían la función de seguridad pública, inició en 2016 con un monto de 5 mil 952.7 millones de pesos. En 2020, éste se redujo a 4 mil millones de pesos y en 2021 desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
«La gran diferencia entre 2016 y 2018 es que en ese entonces había presupuesto. El Fortaseg era para que los municipios pudieran invertir en seguridad. Se les obligaba a invertir en las personas, en sus policías», asegura Vizcaíno.
Pero en 2020, a pesar de tener una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil mexicanos, una de las más altas en la última década, el gobierno de López Obrador decidió eliminar este apartado. La desaparición de este subsidio, dice el investigador, ha sido una «agonía para muchos municipios condenados a que su policía se debilite cada vez más».
La escasez presupuestaria para las policías locales es una de las causas principales de que la violencia no disminuya desde hace seis años en estas 36 alcaldías, concluye el investigador del Inacipe.
La estrategia de los «municipios prioritarios», similar a la que implementó Peña Nieto, tiene un vacío de resultados: no se encontró ningún indicador de desempeño que pruebe su efectividad.
Además, añade que tomar como resultado la disminución de homicidios de un mes a otro no es técnicamente correcto y «las reducciones que se dan [en] 2020, 2021 y 2022 están en la cima de la montaña». Es decir, los asesinatos crecieron tanto desde 2015 que están en un punto tan alto que las bajas que actualmente se presentan son casi imperceptibles para el ciudadano. Sun