Arq. Ana Karla Beraza Sánchez
(Asociación Mexicana de Urbanistas, AC)
En México, la invasión y el despojo de propiedades se han convertido en un fenómeno alarmante que afecta el derecho a la propiedad privada, un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Sin embargo, los propietarios enfrentan una realidad de indefensión debido a la inacción de las autoridades, e incluso, en algunos casos, a su participación en estas invasiones. En el Estado de México y la Ciudad de México, los casos de despojo no son aislados, y los propietarios se ven atrapados en procesos judiciales largos, costosos y, a menudo, infructuosos. Este artículo explora el contexto actual de las invasiones de propiedades, las recientes reformas legales y las propuestas para mejorar la protección de la propiedad privada en el país.
Un caso reciente ilustra la situación de muchos propietarios en el Estado de México. En Ecatepec, un grupo de personas se apropió de un predio al romper cerraduras y tomar posesión ilegal del lugar. A pesar de la denuncia, la Policía Estatal y Municipal se vieron enredadas en una disputa de jurisdicción, y los propietarios solo pudieron recuperar su terreno tras un proceso judicial prolongado y costoso.
En otro caso emblemático, un predio en la Colonia Condesa de la Ciudad de México fue invadido por delincuentes que contaban con respaldo de grupos locales y de funcionarios, generando una situación de tensión e inseguridad en la comunidad durante años. Finalmente, tras múltiples denuncias, el predio fue liberado, pero el desgaste emocional y económico para los dueños fue inmenso.
Estos ejemplos no son aislados. Son un reflejo de la permisividad de las autoridades locales e incluso su involucramiento en actos de invasión y despojo. La corrupción y el abuso de poder se entrelazan con la falta de acciones efectivas para proteger a los propietarios, quienes, en vez de contar con un sistema que salvaguarde sus derechos, deben enfrentar costos elevados y procesos interminables.
En respuesta a la creciente crisis de invasiones, se han introducido reformas constitucionales y cambios en las leyes estatales y federales para proteger a los propietarios…
La penalización del despojo representa un avance significativo, ya que hasta ahora, el despojo se resolvía únicamente por la vía civil, donde los procesos podían alargarse por años sin garantías de recuperar el bien en buenas condiciones.
Además de los costos económicos, el fenómeno del despojo genera un clima de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones gubernamentales.
Socialmente, el problema se agrava debido a la complicidad de ciertos funcionarios y grupos que se benefician económicamente de las invasiones. Esta situación provoca una incertidumbre jurídica y afecta el desarrollo urbano ordenado, deteriorando el tejido social y minando la confianza de los ciudadanos en las autoridades que deberían protegerlos.
Para hacer frente a este complejo problema, es necesario adoptar medidas específicas y contundentes que brinden una solución estructural y duradera a la vulnerabilidad de los propietarios en México. A continuación, se presentan algunas propuestas clave:
*Reformas Jurídicas y Penales: Es fundamental tipificar el despojo como un delito penal, lo que permitiría la intervención oportuna de las autoridades en beneficio de los propietarios afectados.
*Fortalecimiento de los Mecanismos de Supervisión de Autoridades Locales: Es imperativo implementar un sistema de auditoría y monitoreo que garantice que los funcionarios públicos actúen en defensa de la propiedad privada y no en su detrimento…
*Creación de una Defensoría para la Propiedad Privada: La creación de un organismo independiente que ofrezca defensa legal gratuita a los propietarios afectados (…) Este organismo actuaría de oficio en casos de despojo, brindando asistencia legal y facilitando los procesos judiciales.
*Protección de Inmuebles Desocupados: La implementación de sistemas de monitoreo y seguridad en las zonas con alta incidencia de invasiones es esencial. Mediante cámaras y mecanismos de respuesta rápida, se podría prevenir la ocupación ilegal de propiedades desocupadas y brindar a los propietarios una mayor seguridad. Sun
