Gerardo Lozano Dubernard
(Experto en Fiscalización)
Hace una semana falleció Ricardo Ortega González, uno de mis colaboradores en la época en que trabajé en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cuando llegué en mayo de 2018, era director de área, responsable de dirigir a varios equipos que ejecutan un número considerable de auditorías cada año.
Lo recuerdo por su profesionalismo, compromiso y capacidad técnica. Hasta la fecha de su fallecimiento, seguía trabajando en dicho órgano fiscalizador. Curiosamente, hace casi un año, en abril, falleció Alfonso García Fernández, su jefe inmediato, otro auditor muy experimentado y quien fue director general hasta su fallecimiento.
Lo vivido con estos dos colaboradores me motiva a compartir la historia de una auditoría realizada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados (septiembre 2015-agosto 2018), ejecutada bajo la responsabilidad de Alfonso y Ricardo. Esta auditoría, la DN18008 «Gestión Financiera», es una muestra clara del deterioro al que han llevado a la ASF las decisiones unilaterales y sin límite de su titular.
El informe de resultados presentado en febrero de 2020, que es público, revela una serie de irregularidades en la revisión de la partida «Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades legislativas». Se revisaron 160.1 millones de pesos correspondientes al pago de 260 personas, contratadas bajo la figura conocida como «freelance» durante el periodo de 2015 a 2018.
El informe detalla que, ante la insuficiente evidencia documental de los entregables y las actividades desarrolladas por estos «freelance», se verificó el destino de los recursos pagados por parte de la Cámara de Diputados. Entre otros asuntos, se identificó que 52 «freelance» efectuaron transferencias a la cuenta bancaria de la empresa «SolutionBroWor S.A. de C.V.» por un monto de 33.7 millones de pesos. A su vez, la referida empresa expidió cheques por un monto de 29.3 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por 19 personas que trabajaron en la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
Además, 4 «freelance» realizaron transferencias directas por un monto de 6.8 millones de pesos a la cuenta bancaria del hermano de otra persona que también trabajaba en la mencionada Coordinación.
Con evidencia contundente del desvío de recursos, preparamos el dictamen técnico y el expediente necesario para presentar la denuncia penal. De acuerdo con el procedimiento interno, el dictamen técnico se envió a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión.
En este proceso nos encontrábamos cuando el titular de la ASF me llamó a una reunión en su oficina junto con el anterior titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, para señalarme que estábamos imputando al mejor amigo de un Secretario de Estado, por lo que iban a dar por atendido este asunto, atribución exclusiva de dicha Auditoría Especial, por lo que no se presentaría la denuncia.
Manifesté mi total desacuerdo y en agosto de 2021 el caso fue solventado por quien hoy es el actual Auditor Especial.
Realizar esta auditoría nos llevó más de un año y preparar el dictamen técnico e integrar el expediente, varios meses. Muchos auditores, de todos los niveles, invertimos tiempo y esfuerzo para arribar a dichas conclusiones.
Desconozco el costo erogado en esta auditoría, pero lo que es lamentable es que un solo individuo tenga el poder de destruir el trabajo de un grupo de auditores y la credibilidad de una institución por cuidar sus intereses. Vaya usted a saber cuántos asuntos como éste se han limpiado en la institución en casi siete años.
Esto es lo que permite el poder sin límites, sin contrapesos. Sun
