Max Aub
Los primeros cargos por narcoterrorismo tras la declaratoria en Estados Unidos contra seis cárteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras no se hicieron esperar. Con ellos, nuevas agravantes para los acusados.
El Departamento de Justicia anunció cargos de narcoterrorismo contra dos líderes del Cártel de Sinaloa (CDS), los primeros desde la designación de febrero.
Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, alias «Sagitario», de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, «El Pichón», de 33 años.
«Es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína», subrayó el fiscal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon, quien dijo que los Inzunza dirigen la facción de los Beltrán Leyva en el cártel.
«Bajo el marco legal de Estados Unidos, el tratamiento de alguien a quien se le impute actividad terrorista puede ser significativamente diferente al de un narcotraficante procesado únicamente bajo cargos de tráfico de drogas», explicó a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia.
Una vez que la fiscalía presenta cargos basados en leyes antiterroristas, como conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista o financiamiento del terrorismo, «se activan mecanismos legales que establecen agravantes especiales».
«Esta calificación puede acarrear penas más severas y extensas que las previstas sólo para delitos de narcotráfico», dijo la fuente.
También puede conllevar restricciones adicionales en términos de medidas de detención y procesos judiciales, dado el alto perfil de los delitos, que afectan directamente la seguridad nacional estadounidense. Asimismo, pueden aplicarse normas de incautación de activos.
El dilema está, añadió, en que la fiscalía logre demostrar que se cometieron actos de narcoterrorismo, o de «apoyo material a una organización terrorista».
Jaime Ortiz, abogado experto en asuntos de narcotráfico en ambos lados de la frontera, coincidió.
«Bajo el marco legal de Estados Unidos, el manejo de una persona acusada de actividades terroristas es completamente distinto al tratamiento que recibe un narcotraficante procesado exclusivamente por tráfico de drogas. Si se incorpora el componente terrorista y la fiscalía formula cargos basados en leyes antiterroristas, se ponen en marcha mecanismos legales que imponen agravantes especiales, lo que resulta en penas de mayor severidad y duración», comentó a EL UNIVERSAL.
«Por el contrario, si el componente terrorista no se demuestra y el caso se encuadra únicamente en tráfico de drogas, el tratamiento judicial se rige por los parámetros y sanciones establecidos para dichos delitos. Aun cuando la conducta por la distribución de fentanilo sea de extrema gravedad por su impacto y letalidad, no se aplican las medidas adicionales reservadas para delitos de naturaleza terrorista».
La acusación señala que, por los delitos de narcoterrorismo, los Inzunza pueden ser condenados a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares; por «proporcionar ayuda material» al terrorismo la pena máxima es de 20 años, además de una sanción de 250 mil dólares.
En declaraciones a BorderReport, Michael Ballard, director de Intelligencefor Global Guardian LLC, señaló que estas acusaciones de narcoterrorismo también ejercen presión en otros aspectos. «Muchas empresas que operan en México tendrán que cuidarse y escudriñar sus operaciones para asegurarse de que no están infringiendo inadvertidamente estas nuevas leyes» sobre narcoterrorismo.
«Las iniciativas de la operación Recuperemos Estados Unidos reflejan la realidad de que los narcoterroristas actúan como un cáncer dentro de un Estado», apuntó el Departamento de Justicia.
«Crean una metástasis de violencia, corrupción y miedo. Si no se les controla, su crecimiento conduciría a la muerte de la ley y el orden. Esta acusación es como la justicia se ve cuando todo el Departamento de Justicia y demás autoridades se ponen en marcha contra el Cártel de Sinaloa», recalcó.
Además de los Inzunza, fueron acusados en este caso los mexicanos David Alejandro Heredia Velázquez, de 50 años; Daniel Eduardo Bojorquez, de 47; Javier Alonso Vázquez Sánchez, de 31; el guatemalteco Óscar René González Menéndez, de 45, y el costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53. Sin embargo, estos cinco son señalados de tráfico de drogas y «lavado» de dinero. Todos permanecen fugitivos.Sun
