Alfonso Pérez Daza
El titular del Infonavit, Octavio Romero, informó al inicio de esta semana que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizó un censo a 168 mil viviendas, de las cuales hay, al menos, 145 mil habitadas de forma irregular y 23 mil están deshabitadas o vandalizadas.
El problema legal de las declaraciones públicas del servidor público federal está en haber afirmado que no habrá ningún tipo de desalojo a pesar de que las viviendas sean habitadas de forma irregular: «Voy a poner un ejemplo, alguien que de manera irregular está dentro de la vivienda, no lo van a sacar, pero sí se advertirá que si no se regulariza nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero nunca será suya y lo que queremos es que se regularice».
Al respecto es importante aclarar que comete el delito de despojo el que, de propia autoridad, furtivamente o empleando engaño, ocupe un inmueble ajeno. Por ello, no le corresponde al titular de la citada dependencia decidir o señalar que el autor de ese delito puede seguir ocupando el inmueble y mucho menos declarar que no procede la restitución de la posesión de ese inmueble a su legítimo propietario.
El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que está obligado a denunciar inmediatamente ante el Ministerio Público quien, en ejercicio de sus funciones públicas, tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. Por tanto, al tener conocimiento el titular del Infonavit de viviendas vandalizadas y ocupadas ilegalmente tiene la obligación de denunciar esos hechos ante la Fiscalía competente, ya corresponderá al Ministerio Público determinar en cada caso lo procedente.
En materia penal existe la posibilidad de resolver esos conflictos de ocupaciones ilegales, que podrían ser constitutivos del delito de despojo, por medios alternos que no necesariamente involucren la cárcel. Sin embargo, no es facultad del titular del Infonavit resolverlos con un programa de regularización.
Declarar públicamente que no los van a desalojar a pesar de haber ocupado un inmueble ilegalmente podría interpretarse en el sentido de que no hay consecuencias legales en caso de cometer un despojo.
Por esta razón, afortunadamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela González, un día después del anuncio del titular del Infonavit, aclaró ante los medios de comunicación que el programa anunciado no aplicará cuando haya denuncias por despojo.
En mi opinión, lo correcto es afirmar que no puede haber un programa para regularizar los delitos de despojo y, como lo expliqué, en todos los casos que la autoridad haya detectado «irregularidades en la ocupación» debe denunciar la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito.
Es importante también que el titular del Infonavit aclare que no fue su intención justificar o promover públicamente las ocupaciones irregulares de las viviendas. Favorecer a quien cometió un despojo con el beneficio de que no será desocupado podría constituir la apología de un delito, máxime que se anunció en la «mañanera» ante todos los medios de comunicación nacionales.
El mensaje, por el contrario, debe ser que el cumplimiento de una ley no sólo es una obligación, sino también un valor que fortalece la convivencia social y la confianza en las instituciones. Sun
*Académico de la UNAM
