*Y a Columnistas Como Carlos Ramírez.
Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emprendido una serie de acciones de hostigamiento en contra de periodistas y medios de comunicación en el país, mientras que sus representantes en la región han caído en la omisión de sus obligaciones
Un ejemplo de ello es lo ocurrido con Carlos Javier Ramírez Hernández -conocido popularmente como Carlos Ramírez- quien por muchos años ha demostrado a través de su columna Indicador Político, que se reproduce en más de 50 rotativos en el país, que es un periodista de prestigio, profesional, apegado a derecho y respetuoso de las leyes.
En un artículo de su autoría, publicado el martes 3 de Octubre del año pasado, hizo referencia los resultados de una encuestadora, sobre las preferencias electorales de algunos aspirantes a la Presidencia de la República.
Ramírez explicó en esa ocasión que, de acuerdo al sondeo de la encuestadora, el aspirante de la coalición que ahora conforman los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social, (PES), Andrés Manuel López Obrador, estaba a la cabeza de la preferencia de las personas que fueron consultadas.
Sin embargo, el INE decidió proceder en contra del columnista y de los medios de comunicación que publicaron el artículo, con el argumento de que la encuestadora no está registrada ante ese órgano electoral.
Casualmente, los datos ofrecidos en aquella edición, no están muy distantes de los que otras empresas han difundido desde ese entonces.
Independientemente de ello, el INE, a través de la Unidad de lo Contencioso Electoral, abrió el expediente UT/70//2017, para investigar a fondo a Ramírez.
Por si eso no fuera suficiente, el titular de esa Unidad, Carlos Albe, hizo requerimientos a los medios de comunicación que publicaron esa columna, como si se tratara de un Ministerio Público o un Juez, e incluso determinó los plazos para las respuestas por escrito.
En lo solicitado a los medios de comunicación que publicaron el artículo de Ramírez, entre ellos rotativo EL ORBE, el INE pidió se explicara a detalle si hay algún contrato, convenio o arreglo comercial con Carlos Ramírez, y proporcionar la documentación.
Así también, que se proporcionara comprobantes si la columna publicada tuvo un costo comercializable, cuánto se le paga al periodista, entre otras peticiones, como el explicar si lo que escribe Carlos Ramírez es determinado por los medios de comunicación y la cobertura de circulación de los rotativos.
En el ánimo de ser respetuosos de las leyes y las instituciones, los abogados de ésta y de las empresas de comunicación que fueron requeridas, contestaron en tiempo y forma.
En el caso de EL ORBE, la respuesta pormenorizada de lo requerido, fue entregada a las 13:19 horas del 15 de Enero del 2018, recibida por Sergio Ruiz, de la Junta Distrital Ejecutiva en Chiapas.
La documentación incluyó un oficio de tres fojas y 17 más de anexos, tal y como quedó plasmado con puño y letra del funcionario del INE.
A pesar de todo ello, en las últimas horas, el INE nuevamente volvió a requerir toda esa información, con la advertencia de proceder en contra.
En el documento, con folio INE/12JDE/103/2018, fechado el 29 de Enero, el Vocal Ejecutivo, Heberto Ochoa Méndez, vuelve a requerir esas respuestas.
Con ello, quiere decir que los funcionarios del INE en Chiapas no la remitieron a las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México y, por tanto hubo una omisión de responsabilidad, que se tiene que investigar de oficio y castigar a los responsables, como marca la ley.
Al requerir algo que ya fue proporcionado, significa un hostigamiento a los medios de comunicación.
Se desconoce los motivos que hubo en el INE local para no remitir esos documentos, si fue por negligencia o un acto deliberado.
Será el órgano interno quien ahora tenga la responsabilidad de investigar lo ocurrido, dar una respuesta y fincar las responsabilidades a quien corresponda.
En un año electoral, se espera que las autoridades federales, de los tres Poderes, delimiten el actuar del INE, antes de que algunos funcionarios pretendan judicializar la libertad de expresión en el país. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello
