*DESPUÉS DE CASI TRES AÑOS, EL SERVICIO PASARÁ A MANOS DEL AYUNTAMIENTO. *LA EMPRESA INCUMPLIÓ LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO, DESTACÓ LA ALCALDESA.
Tapachula, Chiapas; 04 de agosto del 2021.- La presidente de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, anunció que el servicio de recolección de residuos sólidos pasará a manos del ayuntamiento y con ello se dejarán de pagar varios millones de pesos mensuales por el arrendamiento de las unidades a una empresa particular.
En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, dijo que la empresa incumplió en algunas clausulas del contrato que tienen entre ambas partes, e incluso que la semana pasada retuvo los camiones recolectores y se dejó de dar el servicio en el municipio.
Por lo mismo, según dijo, se tuvo que presentar una denuncia ante las autoridades, quien dictaminó que debería de recuperarse las unidades por el bien comunitario.
Desde que la arrendadora paralizó los camiones, el gobierno municipal puso en marcha camiones de volteo para tratar de minimizar los daños que se estaban ocasionando con la postura de la empresa.
Una vez recuperadas las unidades, desde el domingo volvieron a sus actividades comunes en las rutas y horarios que ya estaban establecidos.
“Estamos actuando conforme a derecho y hoy en día es la autoridad la que tiene el tema y va a resolver en su momento”, dijo la alcaldesa al subrayar que “estamos tranquilos, porque el ayuntamiento ha cumplido este contrato de arrendamiento que existe”.
Confirmó que la arrendadora fue denuncia y que por ello se va a seguir con todos los trámites jurídicos legales que sean necesarios para que pronto esos camiones pasen a ser parte del patrimonio del ayuntamiento.
La idea es comprar esos 30 camiones y así dar por terminado ese contrato con la empresa, tal y como lo estipula el contrato contraído, el cual tiene vigencia hasta el mes de septiembre.
Con ello, a partir de octubre la recolección de la basura pasara oficialmente a manos del gobierno municipal y los recursos que se pagan actualmente por ese servicio sean utilizados para realizar obras públicas en el municipio.
En el mismo contrato se establecen las operaciones de compra venta y el precio pactado.
Con los recursos ahorrados se buscará también hacer más eficiente el servicio, más días de recorridos y ampliar las rutas, en el ánimo de recolectar las 400 toneladas de basura que produce Tapachula cada día.
LA DENUNCIA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Se cree que la empresa trataba de ampliar otros tres años más el contrato con los mismos camiones y que trataba de presionar al ayuntamiento para que cediera a esas intenciones.
Ese contrato es herencia del ex alcalde fallecido, Oscar Gurría Penagos, quien fue denunciado por un grupo de ciudadanos a través de una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), por supuestas irregularidades en la contratación de los camiones recolectores de basura.
En su denuncia, involucraban también a un empresario de la localidad.
. En ese documento remitido al órgano auditor, los denunciantes señalaron que Gurria Penagos había sido acusado en varias instancias.
En el expediente está copia del Contrato de Arrendamiento Puro, realizado bajo el número SS/CG/CS/183/2019 y suscrito el 3 de junio del 2019.
En ese acuerdo comercial, en la modalidad de adjudicación directa del arrendamiento de 40 camiones compactadores (que en realidad solo fueron 30), para la recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio.
El acuerdo lo habrían tenido con una empresa contratante, denominada supuestamente ADAMED S.A de C.V, y se realizó por la administración municipal, resultando una ilegalidad, según los numerales 1° párrafo sexto, 2 fracción I, 46 fracción III, 47, 74, 75 y 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicio para el Estado de Chiapas.
Se estima que durante muchos meses, Gurría y compañía destinó millones de pesos para el servicio de la recolección de basura en el municipio, pero el problema persistió.
Desde que se estaba pactando ese contrato, se hablaba que familiares de algunos servidores públicos del gobierno estaban también involucrados, solapados por las instancias fiscalizadoras.
De acuerdo al proyecto de la administración municipal, las 30 unidades y dos barredoras mecánicas servirían para cubrir 80 rutas y 40 sectores de la zona urbana, alta y baja del municipio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
