La víctima se llamada Manuel N, quien recibió tres impactos de bala del calibre 9 mm. Concesionados manifestaron que el «cobro de piso» se ha extendido en contra de comerciantes, profesionistas, jubilados, entre otros.
*SECTOR TRANSPORTISTA ANUNCIA PARO DE LABORES EN LAS PRÓXIMAS HORAS, ANTE EL AUMENTO DE LLAMADAS DE EXTORSIÓN POR PARTE DE BANDAS DELINCUENCIALES.
Tapachula, Chiapas; 03 de mayo del 2023.- José Manuel N. de 27 años de edad, fue ejecutado de varios disparos de arma de fuego a la cabeza, cuando en la mañana de éste miércoles se encontraba manejando una unidad colectiva del transporte colectivo en la carretera que conduce al municipio de Huixtla, justo en la entrada a la colonia San Agustín.
De acuerdo a concesionarios, el joven, al igual que más de varios centenares de choferes había recibido amenazas de muerte si no pagaba una extorsión semanal (llamada popularmente “cobro de piso” o impuesto de guerra), pero que se cree que en ésta ocasión no le alcanzaba el dinero para pagar lo que le exigían.
Se cree que el homicida viajaba la mañana de éste miércoles en calidad de pasajero y que muy probablemente hizo parada en ese punto y le disparó a quemarropa luego del cobro, por lo que falleció al instante.
Ante ello, fue solicitada la intervención de paramédicos y elementos de diversas corporaciones policíacas, quienes montaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, pero sin resultados positivos hasta el momento.
Luego del altercado, las unidades que cubren ese sector de la Costa de Chiapas fueron paralizadas por temor de los conductores de que corran con la misma suerte.
Por la tarde, choferes y concesionarios sostuvieron una reunión en la que acordaron realizar una nueva movilización de unidades y paralizar el servicio de manera general, esto en vísperas de la llegada de un alto funcionario federal a Tapachula en gira de campaña, y que precisamente sostendrá un encuentro con el transporte organizado.
Aún cuando no está definida la hora y el lugar, se estima que la protesta se llevará a cabo en las próximas horas en Tapachula, donde cerrarían acceso y calles de la ciudad.
Durante los últimos dos años, ese flagelo ha ido creciendo en la región Soconusco y, para el caso de los transportistas, representa no solo el pago semanal ininterrumpido, sino también el asesinato de cuatro choferes por las mismas causas, así como dos colectivos incendiados y decenas de actos de intimidación, en toda la región.
El sector señala que durante todo ese tiempo señalaron de manera oportuna lo que estaba pasando y que incluso hicieron varias manifestaciones públicas, pero ni siquiera tenían accesos a las «mesas de seguridad» que se hacen la ciudad para que explicaran la problemática y no fue hasta que intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los invitara a una reunión de esas.
Señalaron que en ese periodo se han detenido a varias personas que supuestamente participaban en esas acciones delictivas, incluso a funcionarios públicos, como el caso ocurrido en Cacahoatán, donde se suspendió el cobro, pero en otras regiones continúa.
Indicaron que la supuesta tecnología digital para dar con el paradero de los delincuentes, incluyendo la intervención telefónica y la localización de los aparatos móviles que se utilizan, las transferencias bancarias a través de tiendas de conveniencia, y las cámaras de vigilancia, ha sido una estrategia fallida que no ha dado resultado, como tampoco las tareas de inteligencia militar.
La unidad atacada por el crimen organizado en éste día, pertenece a la empresa de Transportes Rápidos de Huixtla S.A de CV con número económico 10 y permiso de la SCT, mientras que los pasajeros temerosos salieron de ella y se alejaron del lugar.
Se cree que un cómplice del sicario viajaba en una motocicleta a corta distancia de la colectiva y que, después del artero asesinato, ambos la utilizaron para huir de ahí con rumbo a la cabecera municipal de Tapachula.
Apenas la semana pasada, el rotativo EL ORBE había llevado a la opinión pública el señalamiento de líderes sociales en donde advertían que el «cobro de piso» se ha extendido en contra de comerciantes, profesionistas, jubilados y servidores públicos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello
