El cúmulo de denuncias en contra del Instituto Nacional de Migración ha generado que la población lo catalogue como una de las dependencias con más indicios de corrupción.
*ABOGADOS DE LA REGIÓN EXPONEN QUE AGENTES MIGRATORIOS PREFIEREN DETENER A ESTE TIPO DE EXTRANJEROS, PORQUE SON QUIENES CUENTAN CON RECURSOS PARA PODER NEGOCIAR SU LIBERACIÓN, EN CONTRASTE CON LOS HAITIANOS, CENTROAMERICANOS O VENEZOLANOS.
Tapachula, Chiapas; 14 de Julio del 2023.- «Desde el 2018 a la fecha, México no puede hablar de transparencia ante la corrupción desbordada y que ha crecido exponencialmente en el interior del Instituto Nacional de Migración (INM)», sostuvo José Luis Pérez Jiménez, abogado litigante en materia penal y migratoria.
En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que la población se percata que en los operativos realizados por la dependencia casi no detienen centroamericanos, haitianos o venezolanos, «porque no representan una fuente jugosa de ingresos para los funcionarios».
Pero, según su versión, «cuando detectan a un cubano, ruso chino, o de otras nacionalidades de manera inmediata los detienen y los llevan a determinados lugares, les revisan cuántas tarjetas traen, investigan en qué hotel está, y se meten a sacarlos sin orden judicial.
Por eso propuso que, así como ocurre en Petróleos Mexicano (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), hay Juntas de Gobierno, Consejos, o Comités Ciudadanos, también los establezcan en el INM, «porque no basta cambiarle solo el nombre como pidió el padre Alejandro Solalinde, ya que es una propuesta de reforma cosmética».
En cambio, insistió, se necesita que cada oficina de esa dependencia y subdelegación tenga un Consejo ciudadano para presidir las sesiones y saque el procedimiento administrativo de los alojados y sea mediante un evento público.
Además, ese órgano decida lo que sea procedente conforme a derecho sobre el extranjero, para que la autoridad migratoria se encargue de dar la formalidad legal a esa resolución, «así como hay en las Comisiones de los Derechos Humanos, nacional y estatal, o como ocurre en las grandes empresas y corporaciones».
Sin embargo, también dejó en claro que todo eso ciertamente tampoco garantiza que la deshonestidad se acabe, «porque se corre el riesgo de que los ciudadanos se corrompan, pero mitigaría mucho el impacto de la gran corrupción que impera en nuestro país». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello