Tapachula, Chiapas; 02 de octubre del 2020.- El gobierno de México reforzó este viernes su frontera con Guatemala con cientos, quizá miles, de elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración (INM), para frenar la posible incursión ilegal de una caravana de hondureños que irrumpió violentamente en territorio chapín.
En la víspera, el contingente conformado por unas tres mil personas, habían llegado a los límites fronterizos con Guatemala, donde rompieron todo lo que encontraron a su paso para entrar ilegalmente a ese país y buscar la forma de llegar a Chiapas.
La actitud de esos centroamericanos causó pánico y repudio generalizados de los guatemaltecos, ya que temen que de nada habrá servido la contingencia que llevan por espacio de más de seis meses, para evitar la propagación del mortal virus del Covid-19.
Por ello, el gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, ordenó la detención de la caravana.
«En este momento se ha dado la orden que sean detenidos en territorio guatemalteco todos aquellos (hondureños) que hayan entrado ilegalmente» al país, dijo el mandatario en un mensaje en cadena internacional.
«En medio de la actual emergencia sanitaria, no solo se irrespetaron los protocolos para el ingreso al país sino también los protocolos de salud establecidos para la protección de nuestros ciudadanos», señaló.
De igual forma, recalcó que esos migrantes «están violando la ley, sobre todo porque están utilizando niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerando a los guatemaltecos».
Incluso fu enfático al señalar que «no permitiremos que algún extranjero que está utilizando métodos ilegales para ingresar a este país crea que tiene derecho de venir a contaminarnos y ponernos en grave riesgo».
En esa nación, hasta este viernes, se había contabilizado 92 mil 409 casos de coronavirus y tres mil 261 muertos por esa enfermedad.
Por ello personal militar y de la Policía Nacional Civil (PNC) fue desplegado en territorio guatemalteco en la búsqueda intencionada de los extranjeros, que, a su vez, se separaron en pequeños grupos para evadir a las autoridades.
Reportes de organismos de derechos humanos reportaron que varios de esos grupos optaron por regresar a Honduras, ante el temor de ser detenidos y acusados por atentar en contra de la salud de la población, aunque muchos otros siguen su curso en alguna parte del país.
EL DESPLIEGUE MEXICANO
Mientras eso ocurría, la fuerza militar y migratoria arribó a Ciudad Hidalgo e inmediatamente fueron desplegados en los cinco puntos de cruce informal más conocido en la ribera del río Suchiate, que divide a ambas naciones.
En una larga columna de efectivos que se prolongó por espacio de varios kilómetros, se empezó con la vigilancia de cada persona que cruzó el afluente a través de las balsas. La gran mayoría se trataba de jornaleros, trabajadoras domésticas y vendedores ambulantes que cruzan todos los días de la misma manera.
En la comunidad de Tecún Umán, de aquel lado de la frontera, la población temerosa se guardó en sus viviendas, al igual que en gran parte del municipio de Suchiate, en Chiapas.
La instrucción es clara: No permitir que pasen, ya que para el gobierno federal mexicano se trata de un atentado en contra de la salud de la población.
Roberto Martínez, comerciante mexicano en esa región, dijo en entrevista para EL ORBE que tenían informes que, por las medidas adoptadas, la caravana estaba aún retirada de la frontera con México.
Dijo que el grupo se separó y que eso ha dificultado a las autoridades de aquel país para detenerlos y que se teme que entrarán a Chiapas de manera independiente.
Según expresó, la población apoya la decisión de los gobiernos de México y Guatemala de frenar ese éxodo, por motivos de salud «porque no se sabe cómo vienen ellos y por eso se deben de tomar las medidas para frenarlos inmediatamente».
Con la llegada de los uniformados de este viernes, afirmó que «nos sentimos seguros porque ellos cuidan, lo que hacen acá es cuidar el paso para no dejar entrar a los migrantes».
Por su parte, Gabriela García, de origen salvadoreño, pero con residencia legal en Tapachula desde hace siete años, indicó que los migrantes deberían de saber que las economías por todos lados están colapsadas por la pandemia, no solo en sus países.
Por eso les hizo un llamado y a todos los que quieren hacer lo mismo, que se mantengan en sus lugares de origen «porque ahorita esta todo bien fregado».
Reconoció que el movimiento masivo de personas es un grave riesgo de salud, sobre todo para las personas de la tercera edad, los niños y quienes padece males crónicos.
En su oportunidad, Felipe de la Cruz, funcionario de Salud Pública en Guatemala, apuntó que para ellos la llegada de migrantes es sinónimo de problemas, «porque son gente que viene con necesidad. La vez pasada, cuando vinieron, hicieron un desastre, nos complican más la situación a nosotros como locales».
Ante la posibilidad de un rebrote de Covid de fatales consecuencias por esa caravana, opinó que «nuestros gobiernos en los dos países deben de poner orden y nos podemos escapar de ese problema que estamos viviendo».
ADVIERTE MÉXICO 10 AÑOS DE PRISION
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, emitió un comunicado en el marco de las medidas sanitarias implementas por el Gobierno de México ante la pandemia por el coronavirus Sars-Cov-2.
Ahí señaló que existe la instrucción para, que todos los que hagan uso de las instalaciones del INM, como las áreas de internación en el país, dígase autoridades civiles, militares y particulares, deberán cumplir con los protocolos de salud para acompañar la lucha contra esta enfermedad.
Además, que el Código Penal Federal, en su Artículo 199-Bis, establece que será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta 40 días de multa, quien a sabiendas que está enfermo de un mal grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro.
En tanto, el artículo 444 del Código Penal del Estado de Chiapas determina hasta cinco años de prisión; mientras, el artículo 120 del Código Penal del Estado de Tabasco fija de dos y hasta 10 años de prisión a que cause a otro un daño de salud.
Por eso, recalcó que, a efecto de cumplir lo establecido en la Ley de Migración, se realizan acciones de control, verificación y revisión de entrada, salida, tránsito y estancia de personas extranjeras en territorio nacional, a fin de promover una migración segura, ordenada y regular. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello