* Culpan al FONATUR.
Cancún, QR., 20 de octubre.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales y han abierto caminos y bancos de material sin autorización, como parte de las obras del mega proyecto Tren Maya, de acuerdo con los resultados de un sobrevuelo realizado sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en abril pasado.
El desmonte de la selva maya, sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, además de constituir una violación a la ley ambiental mexicana, contraviene medidas cautelares concedidas por Juzgados de Distrito, derivadas de juicios promovidos desde enero de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras en la región, en reclamo a sus derechos humanos a la consulta previa, libre e informada; a un medioambiente sano, a la salud y a la vivienda.
La admisión y resolución de esos amparos también ha sido obstaculizada por el Poder Judicial de la Federación, afirmó hoy el Cemda, junto con las asociaciones civiles de Indignación, Kanan Derechos Humanos, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y la activista Kalycho Escoffié, quienes advirtieron que se está contraviniendo el Convenio de Escazú, firmado por el gobierno mexicano, al negar o dilatar el acceso a la justicia.
En conferencia de prensa, explicaron que los amparos son diversos y se han promovido en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y algunos de ellos han generado suspensiones que han sido desacatadas por el Fonatur.
Entre las suspensiones obtenidas por el Cemda, está la de las obras que van de Calkiní a Escárcega; Kanan obtuvo otra, para el tramo en donde se ubican Izamal, Chocholá y Mérida; y el Cripx, una aplicable para el municipio de Calakmul, por ejemplo.
En otros casos, después de un año y tres meses de presentadas las demandas, no han sido admitidas, pues los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro.
Uno de estos amparos transitó de los juzgados de la Ciudad de México a Campeche y de ahí, una parte se envió a Quintana Roo y a Yucatán, pretextando que esos juzgados no podían conocer del asunto y correspondía resolver a otro juzgado.
Cuando se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura federal -a petición de Nacional Financiera- decidió en julio pasado que todos los asuntos judiciales relacionados con el Tren Maya serían vistos por el Juzgado Primero de Distrito, localizado en Mérida, Yucatán, y no en las entidades en donde radican las personas afectadas. Sun
