Llegan a Tapachula Agentes de la FGR Para el Caso «Lunes Negro»

* Inician Declaración Víctimas y Testigos
Tapachula, Chiapas; 13 de agosto de 2020.- Un grupo de especialistas de la Fiscalía General de la República (FGR) arribó en las últimas horas a la ciudad para profundizar las investigaciones relativas a lo ocurrido aquel 27 de enero, llamado popularmente «Lunes Negro».
De inmediato, los fiscales empezaron a llamar a las presuntas víctimas de aquella brutal agresión que sufrieron cientos de indígenas de la etnia mam y periodistas, a manos de elementos de la Policía Municipal.
Las primeras diligencias se llevaron a cabo en las oficinas de esa dependencia federal, al Sur de la ciudad, en donde también estuvieron visitadores de los Derechos Humanos.
El empresario comerciante, Oscar Sumuano, fue llamado a comparecer en calidad de testigo presencial de los hechos.
Horas después, concedió una entrevista para el rotativo EL ORBE, la que recordó que estuvo presente en aquella ocasión, en la explanada externa del Palacio Municipal.
«Hice una relatoría de lo que vi, cuando los policías municipales agredieron a los indígenas y a los periodistas, a varios de los cuales les quitaron el equipo de trabajo, los sometieron a golpes y los llevaron al sótano de la presidencia, para después entregarlos a la Fiscalía de Distrito», indicó.
Recalcó que en el momento en que los comunicadores y más de 40 indígenas fueron detenidos, no se les informó cuales eran los delitos por los que estaban siendo acusados, ni los motivos para tratarlos como delincuentes.
En su declaración ante los fiscales del Ministerio Público Federal, argumentó que esas agresiones que se cometieron en la administración que encabezó el entonces alcalde, Oscar Gurría Penagos, ya fallecido.
«Estamos pidiendo que se garantice el estado de derecho, se investigue y se castigue severamente a los responsables, como algo ejemplar para que nunca más se vuelva a violar la libertad de expresión ni arremeter contra aquellos que se manifiesten pacíficamente», señaló.
De acuerdo a su versión, durante la administración de Gurría hubo acoso, intimidación y amenazas en contra de aquellos que ejercen el periodismo crítico o los que no comulgaban con la entonces administración municipal.
«En la demanda se está pidiendo que se finque responsabilidad penal para los que ordenaron y ejecutaron la orden de represión e intimidación», reveló Sumuano.
Incluso comentó que hay confianza de que se castigara a los responsables, «para que quede claro sobre lo que no se debe de hacer desde el poder».
Durante el día y en horario distinto, fueron llegando a comparecer los que fueron llamados por la dependencia, pero no hubo acceso a la prensa.
Por lo pronto se desconoce si los fiscales acudirán a la región de Toquián Grande y Pavencul para tomar la declaración de los indígenas afectados y los testigos, o ellos viajarán a la ciudad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello