Melissa Carillo
El presupuesto para el próximo año en materia de salud reduce el gasto para los más pobres y no alcanza para detener la pandemia de Covid-19, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En un comunicado, el coordinador del organismo, Rogelio Gómez Hermosillo, denunció que el presupuesto es insuficiente y pareciera que no toma en cuenta la pandemia, que ha causado -hasta este lunes- la muerte de casi 80 mil personas y un incremento en mortalidad en 2020.
La organización civil señaló que mientras la OCDE recomienda un gasto en salud de al menos 6% del PIB, la propuesta del Gobierno apenas llega al 3%, manteniendo el estancamiento presupuestal de más de una década y la reducción que se dio desde 2016.
“La salud es un derecho, pero en México se ha convertido en un privilegio, se le considera una prestación laboral y se maneja como mercancía”, comentó Gómez Hermosillo, quien insistió en que el presupuesto mantiene la desigualdad que afecta a quienes trabajan sin seguro social, en la informalidad y sobre todo a las comunidades rurales e indígenas marginadas.
Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el proyecto reduce el gasto per cápita de los servicios de salud para los trabajadores del Estado (ISSSTE), el sector privado (IMSS) y, sobre todo, para la población sin seguridad social que pertenece al INSABI y a las zonas rurales marginadas y comunidades indígenas que atiende el IMSS Bienestar, mientras que mantiene el esquema de privilegios para los trabajadores petroleros.
Antes de la Covid-19, señalaron, la segmentación de la seguridad social excluía al 62% de personas ocupadas, ya que 34.2 millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social, de las cuales, 15.2 millones tienen un trabajo asalariado y subordinado en la informalidad, de acuerdo con datos del Observatorio de Trabajo Digno de la organización.
Por otra parte, apuntaron que México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor gasto privado de bolsillo, ya que el bajo gasto presupuestal hace que la carga del financiamiento recaiga en las familias, quienes financian con gasto privado la mitad del gasto en salud, lo cual aumenta aún más la desigualdad e impide, en la práctica, el ejercicio del derecho a la salud.
“Ni siquiera la pandemia ameritó un aumento presupuestal en salud a pesar de todas las carencias en recursos materiales y humanos: profesionales, técnicos y auxiliares de la salud insuficientes, respiradores, unidades de cuidado intensivo, pruebas, equipo para el personal médico. Lo que se hizo fue tomar recursos etiquetados para atender otras enfermedades y aplicarlos a la atención de la pandemia”, señaló Gómez Hermosillo.
Ante esta situación, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamó a otras organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a impulsar una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que se reforme el PEF y se aumente un punto el PIB para la salud, como han recomendado los expertos del CIEP, México Evalúa y CEEY.
A partir de la aparición de la pandemia por Covid-19, la organización ha realizado una serie de mesas de diálogo con especialistas y organizaciones sociales para buscar acuerdos y proponer reformas que lleven a la Cobertura Universal en Salud sin privilegios ni exclusiones para hacer válido el derecho a la salud.
Por ello, señalaron que garantizar el acceso a la salud como un derecho universal, requiere elevar el presupuesto para la salud a cuando menos 6 puntos del PIB, por lo que explicaron que se debe iniciar con al menos un punto porcentual más en 2021.
Para avanzar en este objetivo, propusieron que en el presupuesto del próximo año el gasto en salud se incremente en un punto porcentual y llegue a 3.5%, con unos 240 mil millones de Pesos más que deben asignarse al INSABI y al IMSS Bienestar para igualar el piso de recursos y la calidad del servicio que recibe la población sin seguridad social. Apro
