En la Mira de la 4T, el Control de la OPS: Larrondo.
Alejandro Gutiérrez
En Junio de 2020 el médico cubano Joaquín Felipe Molina Leza fue contratado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como coordinador para “elaborar políticas” en la Coordinación de Análisis Estratégico y Evaluación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, una en Julio de ese año y otra en Mayo de 2021, ambas consultadas por este semanario.
Eso sucedió en plena pandemia y coincide con el convenio firmado por México y el gobierno de Cuba para beneficiarse de los servicios de casi 600 profesionales de las brigadas de médicos cubanos, quienes son contratados a través de una empresa controlada por la isla.
En ese momento, Molina Leza -con una trayectoria de tres décadas en la Organización Panamericana de la Salud (OPS)- enfrentaba una denuncia en Estados Unidos, promovida por cuatro galenos cubanos, por su participación en presuntos delitos cometidos durante la implementación del programa del Gobierno brasileño Mais Médicos, que involucra la contratación de las misiones de facultativos cubanos al extranjero y a la OPS, según informó Prisoners Defenders.
Esta organización, cuya matriz se ubica en Madrid, ha denunciado violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan en esas misiones enviadas por el Gobierno de Cuba al extranjero. En un comunicado cuestionó al Gobierno de México por proponer a Nadine Gasman -presidenta de Inmujeres y esposa de Molina Leza- para presidir la OPS, en connivencia con el régimen de Cuba.
En entrevista, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, habla de la gravedad que supone que la doctora Gasman sea propuesta para la OPS al mismo tiempo que su pareja tiene calidad de “investigado” (defendants es el término en inglés) en Estados Unidos por presuntamente permitir retenciones ilegales a los sueldos de los médicos cubanos en Brasil, fondos que fueron a dar a las arcas del gobierno de La Habana, sin pasar por la OPS, como debió haber sucedido.
“Habría un flagrante conflicto de intereses”, afirma el activista, quien critica los convenios del gobierno de López Obrador con Cuba para el envío de médicos a México, pues sufren el mismo tipo de violaciones que ha denunciado en otros países. Estas condiciones han sido denunciadas también por las relatorías de derechos humanos de la ONU, y son equiparadas a la trata de personas.
La organización que encabeza Larrondo presentó en la Corte Penal Internacional una acusación, que ha sido admitida a trámite. Contiene más de mil testimonios de médicos y otros profesionistas cubanos sometidos al mismo esquema en al menos 100 países.
Prisoners Defenders asegura que la propuesta de impulsar la candidatura de Gasman es producto de un pacto entre el gobierno de Cuba, en particular con Raúl Castro, y López Obrador, para “controlar la OPS” y “obstruir la acción de la justicia” (estadunidense) en el caso de las misiones cubanas y la OPS, según su comunicado de abril pasado.
La fuente le confirmó a Larrondo que el “pacto” entre Raúl Castro y López Obrador se cerró en el verano de 2021. “Básicamente Raúl Castro le transmitió al presidente mexicano la necesidad de que va a haber sustitución en la OPS y que debía impulsar a una persona afín para tener control de esa entidad y para obstaculizar la denuncia en los tribunales de Estados Unidos”, dice.
Afirma que desde el equipo de AMLO se ponen “manos a la obra” y piensan en Gasman, “que es la esposa de Joaquín Molina, la persona que está investigada en la denuncia en Estados Unidos. Ella puede tener un currículum que la respalde, el problema es que no puede dirigir una institución que está en un juicio donde está su marido; es un conflicto de intereses de primera magnitud”, asegura.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la doctora Gasman es la candidata oficial del gobierno de México para presidir la OPS. La nueva presidencia del organismo se conocerá en septiembre próximo.
Denuncia Colectiva.
En noviembre de 2018, los médicos cubanos Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Rodríguez y Russela Margarita Rivero Sarabia presentaron denuncia contra la OPS en la corte del distrito sur de Florida, en la que señalan que el organismo ha recaudado 75 millones de dólares desde 2013 con las misiones de médicos cubanos en Brasil.
El comunicado arroja que mientras médicos de otras nacionalidades adscritos al mismo programa tenían ingresos de 4 mil 276 Dólares al mes, los cubanos cobraban 9% de esta cifra; es decir, 400 Dólares.
Prisoners Defenders señala en su comunicado que esas presuntas irregularidades estuvieron orquestadas por Molina Leza, Heidi V. Jiménez, consejera legal de la OPS, y la actual directora del organismo, Carissa Etienne.
Según este comunicado, los médicos denunciantes son apoyados por la Foundation for Human Rights in Cuba. En su sitio Cuba Money Project, el periodista Tracy Eaton ha documentado que esa es una de las fundaciones o entidades privadas -de corte ideológico contrario al régimen cubano- que reciben fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo del Departamento de Estado.
Larrondo sostiene que la denuncia de los médicos cubanos se presentó en Noviembre de 2018 en Estados Unidos porque es donde tiene su sede la OPS y donde tiene inmunidad. Añadió que la acusación es contra la misma organización panamericana e incluye a los directivos implicados, porque presuntamente se violaron protocolos de trata de personas y protocolos de manejo del dinero. Apro
