David Fuentes
Sobrevivir al confinamiento y al cierre de actividades comerciales durante dos años, a causa de la pandemia, fue el menor de los males para Rodrigo –nombre con el que pidió ser identificado para exponer su caso–; con sus pocos ahorros pagó la renta de su establecimiento, cuentas pendientes y hasta el sueldo de los empleados de confianza del bar que tiene en las inmediaciones de Polanco.
Pero ahora que las actividades económicas están comenzando a reactivarse hay otra pandemia que afecta a los comerciantes de la Ciudad de México: la extorsión aplicada por la delincuencia organizada.
“Aquí no hay de otra: o trabajas con ellos o de plano te van desplazando. En Polanco hay que pagarle a La Unión de Tepito 10% de lo que vendes diario o te queman el lugar. En la Zona Rosa no te piden cuota, pero te dicen que los dejes vender; si aceptas, entonces el lugar es de ellos porque luego de un rato se creen dueños de todo”, explica el empresario que posee dos locales en Polanco, una zona exclusiva de la capital, y quien advierte que denunciar es inútil, porque los delincuentes se enteran de todo.
La situación de miedo e inseguridad que viven los empresarios del ramo restaurantero contrasta con las cifras alegres que dan a conocer las autoridades capitalinas. Para Ismael Rivera Cruces, presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, el único descanso real que ha tenido el gremio fue durante la pandemia, cuando los delincuentes no los molestaron; pero ahora, una vez que las actividades regresaron a la normalidad, vuelven a padecer el problema.
“Hemos hablado con ellos -las autoridades- del tema de derecho de piso, de las extorsiones; hemos hablado de diferentes formas, en Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, para hacer un programa que pueda erradicar este mal. Pero las autoridades hacen caso omiso. No quieren enfrentar el tema. Nada más nos dicen ‘denuncien’, pero al denunciar nos han dejado en la indefensión absolutamente a todos.
“Las autoridades están rebasadas. Nosotros no podemos saber si están coludidas, porque para saberlo necesitamos pruebas y elementos; no los tenemos. El 80% del país tiene temas de derecho de piso. Entonces estamos trabajando para tres personas: para el SAT y los impuestos, para el arrendatario que es el dueño del local y para los derechos de piso. Si tú denuncias, te mata la delincuencia organizada. Y es lo que la autoridad pretende: ellos saben que no se va a denunciar el hecho porque quedamos en estado de indefensión. Y ellos dicen ‘si quieres que actúe, denuncia’: nos echan el peso a los empresarios; un empresario que denuncia tiene casi casi una bala en la cabeza”, dice el restaurantero en entrevista.
Transporte Público.
En otro punto de la Ciudad de México, Ramiro, un concesionario del transporte público que opera en Tláhuac, en los límites con el Valle de Chalco, vive una situación similar: entre asaltos constantes y la extorsión de la delincuencia organizada dice que su negocio está a punto de quebrar. Ha denunciado en dos ocasiones. Aunque las autoridades detienen a los responsables, los sospechosos regresan a sus actividades criminales a los pocos meses, ya que las víctimas tienen miedo de ratificar sus denuncias.
“Ya hemos denunciado y en la Fiscalía nos piden que prácticamente los señalemos mirándolos a los ojos… y eso no se puede. Esos cuates no pasan ni medio año en la cárcel, salen y te quieren cobrar del abogado, de lo que pagaron ahí adentro y de todo. Entonces sale peor y no nos queda de otra más que pagarles”, comenta el transportista.
Incluso en los momentos más candentes de la pandemia, cuando las restricciones de movilidad se intensificaron y la economía familiar recibió duros golpes, Ramiro no dejó de pagar el “derecho de piso”. Quien se negaba sufría las consecuencias: en esa línea que atraviesa el Valle de Chalco, el año pasado fueron asesinados dos choferes del transporte público.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, el crecimiento de la extorsión y otros negocios relacionados con la delincuencia organizada es parte de la atomización y la formación casi inmediata de nuevos grupos criminales; aunado a eso, la falta de operativos de inteligencia y un verdadero trabajos institucional ha derivado en el alza de los delitos que van desde el robo hasta los homicidios dolosos.
“Hoy realmente el gran negocio de la delincuencia está, precisamente, en la extorsión, en varias formas de extorsión: tanto las formas presenciales, es decir, lo que conocemos como derecho de piso, como otras formas que tienen que ver con los engaños telefónicos, con los fraudes cibernéticos y con otras formas de extorsión, que cada vez están fuertes, que tienen que ver con el control, por ejemplo, de los mercados lícitos.
“Para hacerle frente se necesitarían primero líneas de denuncia, en donde así se garantiza completamente la secrecía y la salvaguarda del denunciante, y estrategias que vayan más allá y que sean menos confrontativas. Yo creo que la mejor estrategia de todas es precisamente la de perseguir el recurso económico y tener en los antros usuarios simulados, es decir policías encubiertos, que, cuando detecten que hay venta de drogas, vayan.
“No he visto una respuesta institucional que sea particularmente eficaz en ninguna parte del mundo en el caso de los antros; evidentemente hubo una disminución de ese tipo de extorsión durante la pandemia, porque los antros estaban cerrados, pero con el regreso a la normalidad ya estamos en los niveles de delitos previos al inicio de la jornada de la sana distancia. Aquí me refiero a todos los delitos, no nada más la extorsión”, puntualiza el especialista. APRO
