Pablo Muñoz Díaz*
En México urge una reforma en la impartición de justicia, en donde se analice y mejore la actuación de todos los actores involucrados: fiscalías, ministerios públicos, personas abogadas y juzgadoras, a fin de que, atendiendo a la responsabilidades y facultades de cada uno, se mitigue la impunidad, se ataje la corrupción y disminuya la percepción de injusticia que se vive en el país.
La idea de una reforma judicial siempre será percibida como un proceso que ayudará a resolver los problemas e injusticias sociales. El inconveniente que se tiene con la actual reforma que hoy se discute es si servirá para resolver la problemática ola agravará.
De nada sirve cambiar a los impartidores de justicia si no se toca a las fiscalías, en nada ayuda modificar los términos para resolver los asuntos judiciales si no se modifican las leyes procesales y se crean más juzgados, en nada abona cambiar a las personas juzgadoras si perderán autonomía, especialización y está en juego la legitimación en la impartición de justicia.
Para entender mejor esto podemos utilizar un ejemplo de futbol: si en un partido entre los equipos A y B el equipo A controla y elige a los árbitros, ganando con ello el partido al equipo B, lo que realmente se pierde no es un partido, sino la legitimación del juego en sí, ya que otros equipos sabrán que no podrán ganar nunca un juego al equipo A.
La importancia radica en siempre tener como punto de partida a árbitros independientes, pues con esto no sólo se garantiza la legitimación del juego, sino que las decisiones que tomen serán ajenas a los intereses de cualquier equipo.
La reforma judicial propuesta lejos de buscar árbitros independientes y fortalecer su especialización propone exactamente lo contrario, que personas con los mínimos requisitos sean elegidos árbitros por aclamación y decidan sobre el juego.
Una verdadera reforma a la impartición de justicia, como muchos queremos y aspiramos, debe empezar por sus actores como mejorar el trabajo de las fiscalías y los ministerios públicos obligándolos a tener mejores personas abogadas, crear más juzgados y capacitar a las personas juzgadoras.
El cambiar de tajo a todas las personas juzgadoras en nada transformará la realidad en la impartición de justicia actual, en cambio agravará la situación en que nos encontramos, pues por un lado se perderá legitimidad en la impartición de justicia y, por otro, se perderán los avances en derechos humanos que hasta el día de hoy se han logrado.
Simular que esta reforma judicial acercará la justicia a la gente es desconocer que muchas decisiones son y deben ser impopulares, pues la protección de minorías o causas mal vistas para muchos se deben de tomar sin sesgos ni colores partidistas ni el afán de agradar a un elector o votante.
Si los actuales impartidores de justicia hubieran buscado popularidad entre las mayorías, hoy por hoy no tendríamos interrupción legal del embarazo, matrimonio igualitario, reconocimiento de los derechos de las personas trans, derecho a un defensor capacitado, protección de migrantes, reconocimiento del estado patriarcal; entre muchos otros derechos reconocidos en sentencias y altamente impopulares. #ReformaSíPeroNoAsí. Sun
*Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
