Sin Estado de Derecho No Hay Progreso; El Reto que Enfrenta México y Países de América Latina
Ernesto L. Quinteros
Las recientes participaciones del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en foros internacionales han reavivado un debate que el actual gobierno intenta evadir: el debilitamiento del Estado de derecho y la expansión del crimen organizado sobre estructuras públicas.
Más allá de polémicas históricas sobre su estrategia de seguridad -y los costos que implicó- es innegable que Calderón ofrece un diagnóstico que resuena con la realidad presente: México enfrenta hoy una crisis de captura institucional, frente a la cual el gobierno en turno parece más dispuesto a modificar las reglas democráticas que a fortalecerlas.
Calderón ha señalado que sin Estado de derecho no hay progreso, una afirmación elemental pero que, en tiempos de reformas improvisadas y concentraciones de poder, adquiere urgencia.
La reciente reforma judicial, que sustituyó la carrera judicial por un sistema de elección popular, es para él un ejemplo claro de debilitamiento institucional. Según su análisis, el riesgo no es la participación ciudadana, sino que las candidaturas estén filtradas por intereses partidistas, eliminando contrapesos y experiencia técnica.
Hoy, advierte, existen Jueces sin preparación, operadores políticos e incluso perfiles previamente ligados a defensas de grupos criminales. El exmandatario considera que esto no es democratización, sino subordinación.
Su crítica va más allá de lo jurídico. Calderón plantea que América Latina -y México en particular- atraviesa un fenómeno más profundo: la captura del Estado por redes criminales. No se trata solo del narcotráfico como negocio, sino del control territorial, de la infiltración de policías, alcaldes y gobiernos estatales, y del establecimiento de sistemas paralelos de “cobro de impuestos”: la extorsión. El crimen ya no solo trafica, ahora gobierna zonas completas del país.
Su explicación del cambio de modelo criminal es reveladora: cuando México dejó de ser exclusivamente un país de tránsito y se convirtió también en consumidor, las organizaciones pasaron del viejo negocio exportador a un esquema de distribución local.
Para ello, ya no basta controlar rutas; se debe controlar territorio. Y controlar territorio exige reemplazar funciones del Estado: seguridad, justicia e incluso recaudación informal. El resultado: regiones donde el ciudadano no sabe si obedece al gobierno o al crimen, porque, en la práctica, se vuelven la misma entidad.
El actual gobierno insiste en que la violencia está contenida y que se vive una transformación institucional profunda. Sin embargo, los resultados en seguridad, las denuncias de comunidades enteras bajo extorsión y la impunidad creciente contradicen esa narrativa. La estrategia de “abrazos” terminó normalizando la presencia criminal en la vida cotidiana, mientras las instituciones se desgastan sin refuerzos suficientes.
Calderón, desde su experiencia, advierte que la renuncia del Estado a enfrentar con firmeza al crimen, sumada a reformas que minan independencia judicial, abre la puerta a un deterioro que será difícil revertir. Su señalamiento es directo: si el Estado pierde la capacidad de imponer la ley, todo lo demás -recursos naturales, comercio, inversión, programas sociales- se vuelve irrelevante.
Puede gustar o no su figura. Puede discutirse su legado y los errores de su sexenio. Pero ignorar la dimensión del problema que describe sería un acto de ceguera deliberada. México atraviesa una etapa en la que el poder real se disputa entre gobierno, crimen organizado y ciudadanía desprotegida. Y cuando las instituciones se debilitan, el crimen no solo avanza: administra, decide y controla.
El exmandatario concluye señalando que la variable determinante del progreso no es la riqueza natural, ni la ideología, ni la retórica del gobierno en turno: es el cumplimiento de la ley. Y hoy, ese cumplimiento está seriamente comprometido.
En un país donde la política se ha convertido en espectáculo, donde la seguridad se reduce a discursos y la justicia se somete a voluntad partidista, las advertencias de Calderón deberían encender alarmas. No por nostalgia del pasado, sino por la claridad con la que describen un presente cada vez más frágil.
Lo más lamentable de toda esta situación es que si México no reconstruye sus instituciones, si no enfrenta con seriedad la captura criminal del territorio y si continúa debilitando los contrapesos democráticos, el país corre el riesgo de convertirse en un Estado donde la ley es un adorno y el poder real se decide fuera de las urnas. Y esa es una tragedia que ninguna narrativa oficial podrá ocultar.
No les digo, bien dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. En fin.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.
¡Ánimo!
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