Carmen Correa*
En México, 2025 termina con un recordatorio incómodo: la igualdad de género todavía no es un hecho económico. Los datos más recientes muestran que la participación laboral femenina cayó a 46.3%, mientras la masculina se mantiene cercana a 76.2% (INEGI).
Menos de la mitad de las mexicanas en edad productiva están en el mercado laboral, y esa brecha, casi treinta puntos porcentuales, no solo es una injusticia, sino un freno estructural para el crecimiento del país.
Del total de personas ocupadas (59.4 millones en ese trimestre), 24.3 millones fueron mujeres y 35.1 millones hombres. Además, la tasa de informalidad laboral llegó al 54.8 % en abril-junio, lo que implica que más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones que limitan su seguridad, derechos y perspectiva de futuro.
El estancamiento de la participación femenina requiere ser leído junto a otras tendencias estructurales que marcarán la agenda de 2025.
Frente a esta realidad, este año nos ofrece aprendizajes clave. El primero es que la inclusión financiera progresa, pero sigue atrapada en la brecha digital. Aunque más mujeres usan medios de pago digitales, cuentan con menos alfabetización digital, menos dispositivos propios y sesgos de riesgo en sus solicitudes de crédito.
La digitalización puede ser una gran igualadora, pero también puede profundizar desigualdades si no se acompaña de educación financiera y acceso efectivo a tecnología.
El segundo aprendizaje proviene del ecosistema emprendedor. El emprendimiento femenino crece, pero en condiciones adversas: alta informalidad, poco acceso a crédito y un sistema de inversión que asigna apenas una fracción del capital a startups lideradas por mujeres, pese a que muestran resiliencia comprobada.
Sin financiamiento y redes de apoyo, estas emprendedoras sostienen negocios más pequeños y con menor potencial de escalamiento, lo que evidencia la urgencia de políticas de garantías, compras públicas con enfoque de género y programas de aceleración que nivelen el terreno.
Un tercer aprendizaje, menos visible pero decisivo, es el peso de la violencia económica. La imposibilidad de decidir sobre ingresos y bienes propios limita la autonomía, inhibe el empleo y restringe la posibilidad de emprender.
Sin protección patrimonial, cuentas propias y redes de seguridad social, la violencia económica se convierte en un obstáculo silencioso que reproduce desigualdad por generaciones.
En este contexto, espacios como el GLI 2026 organizado por Pro Mujer, que se celebrará en Lima, Perú, serán clave para consolidar una agenda regional de inversión con enfoque de género, debatiendo estas problemáticas no solo de México sino también en la región.
Finalmente, el futuro del trabajo se está definiendo sin suficientes mujeres en STEM y en sectores tecnológicos y verdes, precisamente los que concentrarán los mejores salarios de la próxima década. Las brechas en habilidades digitales, socioemocionales y analíticas pueden dejar a millones de mujeres fuera de los empleos del futuro, afectando no solo su autonomía económica, sino la competitividad del país.
Estos aprendizajes nos devuelven una conclusión contundente: invertir en mujeres no es un gasto social, sino una estrategia económica indispensable para sostener el crecimiento, responder al envejecimiento poblacional y fortalecer la innovación. México necesita políticas de cuidados, educación financiera y digital con perspectiva de género, financiamiento accesible para emprendedoras y una apuesta seria por la participación de las mujeres en STEM.
La región ofrece lecciones claras: cuando las mujeres participan plenamente, las economías crecen y se vuelven más resilientes. Sun
*CEO de Pro Mujer
