Por Ernesto L. Quinteros
Preocupa a Activistas y Defensores de Derechos Humanos la Llegada de más Migrantes Deportados Desde Estados Unidos a Tapachula
El “Viacrucis Migrante 2026” realizado el pasado lunes 30 de Marzo en la Perla del Soconusco, no es solo una manifestación simbólica ni un acto religioso cargado de dramatismo; es, en esencia, un reflejo crudo de la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de México. Lo que se escenificó en las calles de Tapachula no es ajeno a la realidad: miles de personas continúan atrapadas en un limbo administrativo, mientras el flujo migratorio no solo no se detiene, sino que sigue creciendo.
La movilización encabezada por Luis Rey García Villagrán vuelve a poner sobre la mesa un problema que las autoridades migratorias han sido incapaces —o renuentes— a resolver con eficacia. Tapachula se ha convertido, de facto, en una ciudad de contención, un punto donde convergen historias de desplazamiento, deportación y desesperanza.
El dato es contundente: alrededor de 60 mil migrantes permanecen varados en esta ciudad, según estimaciones de organizaciones civiles. Y mientras ese número se mantiene, continúan llegando más personas, muchas de ellas deportadas desde Estados Unidos, lo que agrava una situación ya de por sí insostenible. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo?
El papel de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha sido ampliamente cuestionado. Los retrasos en la resolución de trámites, la saturación de oficinas y la falta de personal han convertido el proceso de solicitud de refugio o visa humanitaria en un viacrucis burocrático que se suma al sufrimiento previo de quienes han cruzado múltiples fronteras.
Pero el problema no es solo operativo, es también estructural. Existe una evidente falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una política migratoria que parece responder más a presiones externas que a una visión humanitaria integral. México, en su papel de país de tránsito, ha terminado asumiendo funciones de contención sin contar con la infraestructura ni los recursos suficientes para hacerlo de manera digna.
A esto se suma el impacto social y económico en Tapachula. La saturación de servicios, el crecimiento del comercio informal, la presión sobre los sistemas de salud y vivienda, y el desgaste de la convivencia comunitaria son consecuencias visibles de una política que no ha logrado equilibrar la atención humanitaria con la estabilidad local.
El “Viacrucis Migrante” también deja al descubierto una narrativa incómoda: mientras se habla de derechos humanos en el discurso oficial, en la práctica miles de personas siguen esperando, sobreviviendo en condiciones precarias, sin certezas ni tiempos claros. La fe, en este contexto, se convierte en uno de los pocos refugios para quienes no encuentran respuestas en las instituciones.
Resulta necesario cuestionar con firmeza: ¿por qué, si ya existe un diagnóstico claro de la crisis, no se han implementado medidas extraordinarias? ¿Por qué no se descentralizan los trámites migratorios? ¿Por qué no se refuerzan los recursos humanos y materiales en puntos críticos como Tapachula? Y más aún, ¿por qué se permite que sigan llegando migrantes deportados sin una estrategia clara de atención?
No se trata de cerrar puertas ni de negar la realidad migratoria, sino de asumirla con responsabilidad. La falta de acción no solo vulnera a los migrantes, también compromete la gobernabilidad local.
Tapachula no puede seguir siendo una sala de espera indefinida. Lo que hoy se vive en sus calles es una señal de alerta que exige decisiones de fondo. Porque detrás de cada cifra hay historias, y detrás de cada historia, una vida que no puede seguir dependiendo de la lentitud institucional.
El viacrucis terminó en el parque Bicentenario, pero para miles de migrantes, el verdadero calvario continúa.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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