Por Ernesto L. Quinteros
La Nueva Batalla Contra la Corrupción en la Obra Pública; El Gremio de los Ingenieros de la Costa se Organizan
Por años, la obra pública en México estuvo marcada por una constante que lastimó la confianza ciudadana: contratos asignados a empresas sin experiencia, compañías creadas de la noche a la mañana para obtener beneficios gubernamentales y proyectos que terminaban convertidos en monumentos al sobrecosto, la opacidad y la corrupción.
Chiapas no fue ajeno a esa realidad. Durante décadas, los constructores locales observaron cómo importantes inversiones públicas terminaban en manos de empresas foráneas o de firmas que aparecían únicamente para concursar, ganar contratos y desaparecer. El resultado fue una competencia desigual que afectó a profesionistas, empresarios y trabajadores chiapanecos.
Por ello resulta significativo que, dentro de la narrativa política impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el combate a la corrupción haya dejado de ser únicamente un discurso para comenzar a reflejarse en acciones concretas.
No es casualidad que una de las primeras señales de esta estrategia haya sido la creación de una dependencia con una denominación que envía un mensaje directo a la sociedad: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Más allá del nombre, la intención política es clara: establecer mecanismos de vigilancia y control que reduzcan los espacios para las prácticas irregulares en el ejercicio de los recursos públicos.
Dentro de ese contexto cobra especial relevancia la consolidación del padrón estatal único de constructores, una medida que podría parecer administrativa, pero que en realidad tiene profundas implicaciones políticas y económicas.
La homologación de registros ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública representa un filtro que permite verificar la existencia, experiencia y capacidad técnica de quienes buscan participar en licitaciones y proyectos gubernamentales. En términos prácticos, significa cerrar la puerta a las llamadas empresas fantasma o de portafolio que durante años encontraron espacios para obtener contratos sin contar con la infraestructura necesaria para ejecutar las obras.
La importancia de este avance radica en que fortalece la transparencia y al mismo tiempo protege a los constructores que sí cumplen con requisitos legales, fiscales y profesionales.
Y es precisamente en este punto donde destaca el papel que ha desempeñado el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas.
La organización gremial ha asumido una posición activa en la defensa de la profesionalización del sector, promoviendo mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas que permitan garantizar que la obra pública sea ejecutada por empresas con capacidad comprobada.
Al frente de este esfuerzo se encuentra la ingeniera Shandy Nataly Rodríguez Castillo, una figura que poco a poco ha comenzado a posicionarse dentro de los espacios de opinión y decisión relacionados con la infraestructura regional.
Su liderazgo no solamente ha permitido consolidar acuerdos institucionales con dependencias estatales y municipales, sino también colocar sobre la mesa una demanda histórica del sector: que las empresas chiapanecas tengan mayores oportunidades para participar en el desarrollo del estado.
La lógica es sencilla. Cuando una obra es ejecutada por una empresa local, la inversión permanece en la región, se generan empleos directos e indirectos y se fortalece la economía de cientos de familias. Por el contrario, cuando los contratos se concentran en compañías externas sin arraigo, buena parte de la derrama económica termina saliendo del estado.
Sin duda, las mujeres en la actualidad siguen ganando espacios de participación, no solo en el sector privado, sino también en el público.
Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!
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