* Les Vendieron Lotes en un Predio que se Encuentra en Litigio; Pagaron de 25 a 35 mil Pesos.
Tapachula, Chiapas; 7 de julio 2026.- La incertidumbre se apoderó de más de 200 familias de la colonia Las Conchitas, luego de que surgiera la posibilidad de un desalojo derivado de un litigio por la propiedad de un predio de aproximadamente 17 hectáreas, situación que dejó al descubierto un presunto fraude en la venta de los terrenos.
El presidente del comité de colonos, Carlos Arturo Pinto Mandujano, afirmó que los habitantes adquirieron legalmente sus lotes entre 2009 y 2010, convencidos de que la documentación estaba en regla. Sin embargo, recientemente descubrieron que el terreno enfrenta un proceso legal y que, presuntamente, fueron engañados por quienes fungían como sus representantes.
Explicó que durante años recibieron la versión de que no existían problemas jurídicos, pese a que ya se habían realizado mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno. La preocupación aumentó cuando comenzaron a circular versiones sobre un posible operativo de desalojo.
Indicó que la persona que mantenía la representación legal de la colonia les aseguró que no existía ninguna notificación oficial, sin embargo, posteriormente dejó de ser localizada, lo que incrementó la desconfianza entre los habitantes.
Actualmente, representantes legales de la empresa Agrotec y quienes se ostentan como propietarios legítimos del predio han iniciado acercamientos con los colonos para buscar un acuerdo que permita regularizar la situación.
El líder vecinal aseguró que existe disposición para negociar, siempre que se consideren las condiciones económicas de las familias, ya que muchas apenas cuentan con ingresos para cubrir sus necesidades básicas, mientras otras podrían realizar un pago inmediato.
Ante este escenario, solicitó la intervención del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Tapachula para instalar una mesa de negociación que permita alcanzar una solución pacífica, brindar certeza jurídica a las familias y evitar un conflicto social.
Finalmente, señaló que una vez garantizada la seguridad patrimonial de los habitantes, analizarán la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes presuntamente los engañaron con la venta de los terrenos.
La gente está muy molesta porque siente que fue víctima de un fraude. Primero queremos resolver el problema de las familias y después proceder conforme a la ley contra los responsables, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista
